Toda esta escalada desatada por el Gobierno tiene como objetivo violentar las vías pacíficas que nos ofrece la Constitución nacional. Aquí no hay otra explicación, y se deduce de las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores un día antes de la marcha de protesta contra la Ley de Educación anunciando todo tipo de despliegue policial y militar, que lo que buscaban era paralizar a la ciudadanía.

Venezuela se hizo presente el sábado 22 en las calles de Caracas, defendiendo el derecho a la educación que tienen nuestros hijos y los principios de la Constitución nacional. Eso desesperó al Gobierno, quien usa la represión para detener el avance cívico y valeroso de un pueblo, y por eso ese discurso politizado de un oficial de la Fuerza Armada Nacional, que es premiado por agredir a ancianos y estudiantes, por haber ordenado el lanzamiento de múltiples bombas lacrimógenas para asfixiar a mujeres y hombres que pacíficamente salimos a marchar en defensa de nuestros derechos constitucionales.

Con las declaraciones suministradas por la Fiscal General de la República, se busca atemorizar a los ciudadanos y al mismo tiempo provocar a los sectores democráticos que estamos integrados en la alternativa que se le está presentando a nuestro pueblo. El tenor de esas declaraciones es propio de los gobiernos dictatoriales y, por lo tanto, la gravedad del momento nos da razones suficientes para decirles a los venezolanos y al resto del mundo que en Venezuela se está desarrollando un terrorismo de Estado.

Es un terrorismo de Estado usar los tribunales de la forma en que lo hacen, contra el prefecto de Caracas, Richard Blanco, los 11 humildes trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y con los 40 presos políticos.

Se trata de una persecución tal como lo hacen con Oscar Pérez, que no comenzó el pasado miércoles, así como del fusilamiento judicial que no se verificó el pasado sábado con la privativa de libertad del prefecto Blanco y su secuestro en el retén de Yare, sino que desde hace años el Gobierno viene utilizando la fuerza pública para reprimir, agredir, reducir a prisión y empujar al exilio a decenas de ciudadanos venezolanos.

Un total de 500 personas han sido detenidas en manifestaciones; de ellas, 275 han resultado lesionadas por el uso abusivo de la fuerza según el Foro Penal Venezolano.

El próximo sábado, el pueblo de Caracas saldrá a las calles a decirles a los presos, perseguidos políticos y exiliados, que no están solos.