La independencia entre los dos poderes, judicial y político, está ampliamente aceptada en el mundo democrático de hoy, y ello no es ni casual ni ocurre por antojo de algunos sesudos académicos. Existen claras demostraciones a lo largo de la historia sobre las perversiones que ocurren cuando estos dos poderes actúan en connivencia. Dos ejemplos concretos de ello ocurren en la Venezuela actual. Por un lado viene ocurriendo una politización de la justicia, lo cual se expresa en una intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales. Un Poder Judicial que no puede actuar con independencia política difícilmente podrá establecer justicia en una sociedad. La otra expresión es la judicialización de la política, que es por antonomasia la negación de la vida democrática, entiendo a ésta como el marco político para dirimir las diferencias. Cuando el sistema no tiene capacidad para arreglar tales diferencias recurre al Poder Judicial mediatizado, que obviamente actúa de forma sesgada. Se castiga a los disidentes, se establece una suerte de doble estándar para evaluar la actuación política.

Ejemplos sobran, y lamentablemente hasta podrían ofrecerse a granel en nuestra vida nacional. La Fiscalía General de la República, de la mano de Luisa Ortega Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia, bajo la presidencia de Luisa Estella Morales, simbolizan esa metamorfosis negativa para una genuina vida democrática. El que ambas entidades coloquen, por encima de la Constitución de 1999, el ideal -inasible por cierto- del socialismo del siglo XXI, ya es una fehaciente muestra de la perversión judicial, cuando contrae matrimonio con el Poder Ejecutivo.

A fines de mayo pasado, en una de sus alocuciones públicas, el presidente Chávez llamaba públicamente la atención de estas dos funcionarias. Las incitaba a actuar en contra de los medios críticos e independientes. Lo que ha venido después de la mano de la fiscal Ortega ya es conocido, pues hasta llegó a proponer una ley hecha a la medida de la estrategia oficial en su pretensión de controlar a los medios. Chávez, este domingo, dio otra muestra de cómo le baja línea al Poder Judicial: debe crearse el expediente que lleve a la destitución del gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas.

La actuación de la fiscal debe ser cuestionada categóricamente. Su triste papel en refrendar la detención de los funcionarios de la Alcaldía Metropolitana, quienes ejercían su derecho a manifestar, y ubicar una protesta de unas pocas personas en el nivel de un acto desestabilizador, no son otra cosa que una demostración de cómo puede pervertirse la justicia cuando está al servicio de un poder político. La Fiscalía demuestra su capacidad para judicializar la política cuando actúa según la parcialidad partidista.

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