¿Cuál será la comisión permanente que se ocupa de los muchachos muertos por mano criminal en las calles de Venezuela? ¿Estará creada la que se preocupa por los motorizados y taxistas, carne de pistola, pasto de impunidad?

Pero no todo está perdido, tenemos una laboriosa Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional, que se apresuró a solicitar una investigación para determinar si Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, es reo de delito ambiental, por tener en su casa unos animales disecados.

Ya que contamos con esa Comisión Permanente tan despierta y resuelta, aprovechemos para preguntarle por qué el Gobierno no ha hecho nada para detener la progresiva deforestación que compromete las fuentes de agua potable, así como las de riego y suministro para la agricultura. Lejos de frenarla, la han auspiciado con las confiscaciones de tierras donde se arrasa con la vegetación. La lemna que agobia al lago de Maracaibo es consecuencia de la deforestación, que abre el camino a las aguas residuales provenientes de la actividad agrícola y pecuaria. Cuando no hay control ni planificación del uso de las cuencas, como en efecto no lo hay, porque las comisiones correspondientes se dedican a la contraloría decorativa, se destruyen los nichos de animales, se desmedra la diversidad biológica y se afectan los hábitats de especies silvestres. De hecho, las expropiaciones de tierras para fragmentarlas en lotes para el ejercicio de la “agropecuaria socialista” han arrasado con emplazamientos destinados a la conservación de hábitats naturales y de especies emblemáticas, como jaguar, venado y caimán.

Sin que se altere la calma de la Comisión que va tras las momias de antílope, las empresas básicas y las petroleras cometen diariamente delitos ambientales cuando descargan aguas residuales con calidades muy inferiores a las establecidas en la legislación vigente. El volumen de los derrames de hidrocarburos, tras el cambio de gerencia de PDVSA, se incrementó hasta 40 veces en relación con los dos últimos años de la gestión anterior.
Eso no lo ve el Estado, ciego y sordo a los puntos de venta de babas, lapas, chigüires y venados, especies en veda que, sin embargo, son ofrecidas a espuertas en los llanos. En las carreteras de Yaracuy, Lara, Carabos y Amazonas se ofertan turpiales, cardenalitos y monos. Estimaciones formales dan cuenta de un tráfico de extracción de loros y guacamayas que podría alcanzar los 35 mil ejemplares al año, hacia Guyana y Trinidad.

Cuando florecen las orquídeas, casi siempre en Semana Santa, los “materos”, como se llaman estos delincuentes ambientales, van en tropel a Trujillo y arrancan las orquídeas de los árboles. Y así, cruelmente desgajadas, las traen a Caracas donde las venden en las narices de la Guardia Nacional.
La Comisión que persigue al dueño de un medio de comunicación está muda ante los siguientes casos de degradación ambiental, por cierto, asociados a inversiones millonarias que resultaron en pérdidas colosales: para la construcción del proyecto piscícola Ezequiel Zamora, en las márgenes del río Tinaco, en Cojedes, fueron arrasadas hace dos años cerca de 300 hectáreas de bosque de galería y luego abandonadas. En diversas zonas bajo régimen especial, como la reserva forestal de Imataca, se ha aprobado la extracción minera; y se han permitido invasiones en zonas protegidas por su alta relevancia ecológica, incluso parques nacionales.

No es, pues, por falta de delitos ambientales que el Gobierno va tras los medios con esta excusa.