Afectados por una visión de corto plazo y la habilidad de la sala situacional de Miraflores -bajo dirección del G2 cubano -para imponer su agenda revolucionaria al ritmo de las circunstancias, los venezolanos seguimos atados a nuestras pequeñas cavernas o “patrias de campanario”. Y la reacción contra la minoría venal instalada en el gobierno no se compacta y moviliza socialmente con la urgencia que es menester.

Lo cierto es que el régimen dice “o es ahora o nunca”, y quienes lo padecemos no contamos ya con el después.

No le importa al gendarme ocultarse ahora tras las formas de la democracia o las del respeto -en sus límites críticos -del Estado de Derecho. Y a la par que los “tarazonas” del aparato oficial empujan desesperados, contra el tiempo, la canoa del despropósito dictatorial, tanto como la Defensora del Pueblo llama incidentes y minimiza el apaleamiento de una docena de periodistas por bandas gubernamentales, en la otra acera, la sociedad civil democrática, lo repetimos, parcela sus valoraciones.

Un día se amenaza a la libertad de expresión y protestan los periodistas y medios de comunicación, pero solos. Otro día se afecta a la propiedad y se queja Cedice, creyendo los más que apenas los ricos son propietarios. Y si de la educación se trata, a la vera del camino soportan la violencia y se hermanan los rectores, los maestros, los estudiantes y una parte de la sociedad civil, pero no el conjunto de los venezolanos.

No deben brillar por ausentes, cabe subrayarlo con gravedad, la suma de los gobernadores y alcaldes de oposición -nos referimos al colectivo de éstos- quienes, por ser los líderes naturales de la sociedad democrática, omitan aparecer como cabezas de protestas fuera de sus localidades o las aprecien poco rentables para sus destinos políticos. El círculo de la dictadura se cierra y nadie queda a salvo.

En La Nueva Etapa, escrita en 2004, su autor, pretendido gobernante perpetuo, hace constar lo que se encuentra sujeto a marcha forzada. Se concreta la fragua del “hombre nuevo”, según la lección de Ernesto “Ché” Guevara. Los venezolanos de las generaciones actuales no cuentan, menos importan.

En lo institucional llega a su fin el andamiaje de los estados y de los municipios, para dar paso a las ciudades socialistas. El atropello al Alcalde Mayor, Antonio Ledezma, es el ejercicio.

El “por ahora” al que queda sometida la propiedad privada, antes de que el Estado se la engulla, se agota.

En lo electoral, se profundiza el control del aparato comicial y su esquema renovado desplaza la representación de las minorías. El fin de la Fuerza Armada y la emergencia del “pueblo en armas”, es un hecho.

Y en lo internacional, ha lugar a la confrontación con los gobiernos que se resisten al proyecto de expansión revolucionaria, en primer orden la vecina Colombia.

El reciente paquete de leyes para la dictadura no deja, pues, resquicios para el diálogo o el mejoramiento de sus contenidos. Sobra toda consideración jurídica, pues el asunto, a fin de cuentas, marcha a contravía de la Constitución y se reduce a neta ambición de poder totalitario.

El “nuevo hombre” que se plantea el inquilino de Miraflores, suerte -el primero- de ciudadano “foca” y sin ciudadanía, forjado a imagen de lo que es hoy la ilegítima AN que preside una de las tantas “damas” de la revolución, es el objetivo crucial. Se moldea, aceleradamente, sin importar costos, una suerte de “animal racional” sin racionalidad: negado al Ser, al Tener, y al Decidir.

De allí que las leyes en curso de ejecución no son partes, sino un TODO que se arma con lógica diabólica y para el fin señalado. La ley de delitos mediáticos acalla el pensamiento mismo, que no tiene razón sino media la posibilidad en cada persona de transmitirlo a los otros, libremente. Y la ley de educación apuntala el control mediático y pedagógico del Estado para la construcción de ese ser sin Ser, “homo” artificial al servicio de la revolución.

La Ley de Propiedad Urbana y la Social, claramente indican el fin de la propiedad privada y del tener. El gobierno dispone bajo criterio propio que predio rescata y a quien, selectivamente, se lo confisca. En tanto que la Ley Electoral prepara el zarpazo final, al prever que quien gane, incluso en minoría, se queda con el todo y decide sobre el todo totalmente.

Resta decir que no hay condiciones para una solución a la hondureña. Se requiere de poderes con independencia y militares corajudos, creyentes en la democracia. Queda el coraje de un pueblo que se niega a vivir sin libertad, pero ha de entender, en su agonía, que el agravio a cada periodista, educador, vecino, estudiante o elector, es agravio propio y no extraño. Es el último recurso.