En Venezuela, la educación es noticia. Los hechos se debaten entre dos corrientes que no deben sucumbir a la politización del tema porque, ciertamente, es necesario reformar el sistema educativo en nuestro país, y para lograrlo resulta esencial el consenso entre distintos sectores y no el triunfo de un proyecto político.
La propuesta de ley Orgánica de Educación presentada por los ministros Héctor Navarro y Luis Acuña, titulares de los despachos de Educación y Educación Superior, respectivamente, plantea algunos aspectos pertinentes y que apoyamos, como la calidad, la gratuidad y el acceso a la educación, la responsabilidad del núcleo familiar en la formación y el respeto a la diversidad intercultural.

Sin embargo, algunos aspectos parecen disonantes con un modelo de educación democrático, debido a que se concibe un "Estado docente" que planificará y "ejercerá control" a través de un Gobierno escolar y Consejos Educativos Comunales. Esto podría convertir las sedes educativas en centros de interacción comunitaria, cuando lo idóneo es reforzar su papel como centros de integración pedagógica.

Es importante que las decisiones a tomar procuren la transformación del individuo a través de una educación integral, que brinde las herramientas para pensar y decidir libremente. Sobre estas dos acciones se construye ciudadanía y se fortalecen verdaderamente las comunidades.

Por otra parte, surgen inquietudes al plantear que el Estado ejercerá "suprema dirección" de los procesos de ingreso y desempeño de los profesores, sin puntualizar si los criterios considerados serán netamente académicos. Esto podría vulnerar la esencia del artículo 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Históricamente, el Estado ha supervisado todos los procesos de las instituciones educativas. Esperamos que las normas que se decida aplicar coadyuven al proceso de evaluación académica y no se conviertan en una limitación para su efectiva práctica.

(*): Secretario electo de LUZ . Fuente: La Verdad