El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal, promulgado el pasado 5 de junio de 2008, pareciera haber abierto la posibilidad de desarrollo del sector forestal en el país.

Son muchas las expectativas que se tenían con la implementación de acciones y medidas orientadas a la sustentabilidad de los bosques y demás componentes del patrimonio forestal, previstas en este instrumento legal.

En mi opinión, es evidente el carácter conservacionista de esta ley, sin embargo, es contradictorio que las competencias para la gestión forestal sean desmembradas asignando responsabilidades a cinco ministerios distintos en la Administración Pública y a las comunidades organizadas, perdiéndose la posibilidad de un tratamiento integral de los recursos forestales.

No todos esos entes públicos cuentan con la experiencia, infraestructura y  recursos técnicos y humanos suficientes para cumplir con eficiencia las responsabilidades asignadas por  la ley. En esta nueva Ley de Bosques y Gestión Forestal, lo concerniente a la conservación es competencia del Ministerio del Ambiente, la producción es responsabilidad del ministerio con competencia agraria, el mercadeo y comercialización de bienes y servicios derivados del bosque es responsabilidad del Ministerio de Comercio, la industria forestal es competencia del Ministerio de Industrias Básicas y Ligeras y la investigación es responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y  además es efectiva la inclusión, participación e incorporación de las comunidades organizadas en la Gestión Forestal.

El hecho de sectorizar las funciones de la administración del patrimonio forestal  me hace pensar en la pérdida de oportunidades de desarrollo en este sector, el cual requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores públicos y privados del país, coordinado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para poder lograr una Gestión Forestal bajo los preceptos de sustentabilidad, es decir, equidad social, ambiental y económica.

Vale la pena destacar que el Decreto Ley amplía la antigua concepción del sector forestal e introduce como patrimonio forestal todos los bosques, plantaciones, árboles fuera del bosque, tierras forestales y las formas de vegetación no arbórea asociadas o no al bosque, lo que debería implicar una mayor posibilidad de desarrollo integral del sector.

Hasta ahora en el país sólo se han aprovechado los productos forestales madereros de los bosques naturales, aprovechamiento selectivo y degradante de los ecosistemas, sin considerar otros bienes no forestales y los servicios ambientales.   ¿Y por qué no desarrollar una política forestal para el aprovechamiento de los bienes y servicios provenientes de los recursos forestales, cónsona con nuestra realidad en cuanto a diversidad y potencialidades existentes?

Propongo como primera actividad para iniciar una gestión integral, realizar un registro total fehaciente de los recursos forestales del país, incluyendo la totalidad del abanico de alternativas existentes de los bienes forestales y servicios ambientales, para su aprovechamiento, manejo y comercialización e incorporación al mercado nacional e internacional.