La mal llamada ley Orgánica de Educación es un paso más en la implantación de un régimen castro-comunista en Venezuela, intención manifestada explícitamente por Chávez cuando declaró recientemente que para el 15 de diciembre de este mismo año deben haberse implantado todas las leyes necesarias para impulsar definitivamente el socialismo del siglo XXI (en la práctica, el comunismo real del siglo XX), inclusive planteó que la propia Constitución vigente ya cumplió su cometido y decretó su defunción, ya que resulta insuficiente e inadecuada para su proyecto de poder absoluto y control social total.

La ley de Educación es un paso más en este proyecto hegemónico de dictadura autocrática. En sí misma, no vale la pena discutirla, primero, porque es un proyecto cuasi clandestino, presentada a última hora y en versiones diversas.

En segundo lugar, ni ha sido divulgada, ni mucho menos consultada. En tercer lugar, las observaciones de fondo que se le han hecho no han sido tomadas en cuenta y, al contrario, desestimadas y escarnecidas. A pesar de lo anterior, esta ley adolece de numerosas fallas y omisiones, como la desnaturalización de la misión pedagógica de la escuela y la desestabilización de todo el sistema educativo, con la intromisión ideológica y política-partidista de los consejos comunales, la restricción o eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento, así como la discrecionalidad abusiva que se le da al ministro de Educación en la dirección de la educación nacional.

Esta ley confunde fines del Estado con los fines de la educación y deja en el desamparo más absoluto a la familia y la sociedad en su conjunto y a los padres y representantes en particular con respecto a la educación y al futuro de sus hijos.

Chávez, aprovechando el período vacacional, y consciente como gobernante de que el tiempo se le acaba, debido a un ejercicio gubernamental desastroso y fracasado y con una chequera petrolera menguada, ha sido aplazado por la opinión pública en casi todo: en inseguridad e inflación, carestía y desempleo y con una progresiva inestabilidad interna y externa que, por un lado, compromete los intereses nacionales y, por el otro, implica una ruptura del pacto social, expresado y garantizado en nuestra Constitución.

A eso le agregamos una prédica y un lenguaje lleno de amenazas y miedos frente a una sociedad a la cual se le quiere negar, no sólo su libertad y sus derechos, sino hasta las posibilidades mínimas de expresión, con este cerco despiadado a los medios de comunicación, para montar un monopolio estatal de los mismos.

Fuente: La Verdad