El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes 01 de enero de 2021 que el bolívar en efectivo va a desaparecer,

en tanto que el país va en dirección hacia una economía totalmente digital.

“Nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión… Yo he puesto la meta: 100% economía digital.”

La Economía Digital supone e implica la aplicación de nuevas tecnologías, así como servicios de TIC, de forma transversal, a lo largo de diversos sectores económicos, permitiendo crear nuevos productos tanto en industrias tradicionales como aquellas de las TIC; reducir los costos de industrias tradicionales; reconfigurar la organización industrial de sectores así como la organización empresarial; reducir tiempos de diseño y lanzamiento de productos; crear nuevos modelos de negocio; revalorización de ecosistemas digitales; poner en práctica nuevas estrategias de precios y de discriminación; explotar efectos de red significativos socialmente valorados; inclusión financiera; acceso a información, entretenimiento y educación, etc.

Estudios económicos asoman que la inversión en infraestructura en telecomunicaciones y en servicios TIC permitiría a los países latinoamericanos reducir la brecha económica con los países desarrollados toda vez que la incidencia de este tipo de inversiones y del desarrollo de este sector posee mayor impacto posisitivo en términos de crecimiento del PIB en nuestros países.

Solo por mencionar un caso de aplicación de nuevas tecnologías sobre sectores tradicionales que acapara titulares informativos debido a las últimas declaraciones realizadas por el gobierno venezolano respecto al uso de la banca electrónica y el eventual desarrollo de un mercado de medios de pago más dinámico y donde las iniciativas y emprendimientos Fintech podrían tener un protagonismo importante; efectivamente el uso de tecnologías y nuevos instrumentos no solo podría constituir parte de la solución al problema del colapso de los sistemas de pago en bolívares y el uso de efectivo doméstico, sino que asimismo podría coadyuvar a incrementar la inclusión financiera y la bancarizacion de los ciudadanos (existen ejemplos notables en África al respecto, dignos de estudio).

Sin embargo, la transformación digital y el desarrollo de la economía digital supone igualmente retos. Desafíos que deben ser encarados desde la perspectiva de las políticas públicas y regulatorias. En este sentido, dependiendo de la situación actual de cada país respecto a ciertas características que facilitan o dificultan la adopción de nuevas tecnologías en sectores tradicionales, en la introducción de nuevos modelos de negocios, y en su uso por parte de la demanda potencial; los esfuerzos resultarán más o menos significativos.

La economía digital suele constituir todo un ecosistema que se desarrolla a partir de la capa de los servicios de infraestructura de telecomunicaciones que ofrecen los operadores tradicionales del sector TIC en convergencia -tanto proveedores tradicionales de servicios de telecomunicaciones como proveedores de servicios audiovisuales-, a través del acceso abierto por medio del Internet, así como el acceso y compatibilidad con sistemas operativos -plataformas- de los distintos “terminales” o “devices” utilizados por usuarios -hogares o empresas-.

En este orden de ideas, el estado del despliegue de la infraestructura de las telecomunicaciones, de la penetración de dicha infraestructura a lo largo del territorio nacional, y la inversión en redes de nueva generación (NGN) condicionará el potencial desarrollo y profundización de la economía digital en Venezuela. Al respecto, debemos preguntarnos cuál es la política pública de fomento para el despliegue de redes de nueva generación (NGN), ¿cuál es el régimen tarifario y de concurrencia que se traduzca en los beneficios de tarifas disciplinadas e incentivos a la inversión en el sector? ¿Existe actualmente en Venezuela un enfoque de política púbica hacia el sector TIC que reconozca su complejidad, su enorme dinámica, las potenciales innovaciones, y el beneficio que se deriva de un sector en competencia efectiva? Por poner un ejemplo, muchos de los servicios de valor agregado desarrolladas bajo protocolo IP, así como Apps y plataformas operan transnacionalmente -no constituyen ni siquiera empresas licenciadas domésticamente ni con presencia formal en el país-, capturando enormes porciones de valor de los mercados domésticos, mientras que únicamente los operadores licenciados son quienes llevan la carga regulatoria e impositiva. En la medida que las autoridades regulatorias no reconozcan dicha realidad y comprendan a cabalidad los distintos modelos de negocio que se desarrollan a lo largo de dicho ecosistema digital, no podrán plantearse el diseño de políticas públicas que puedan lidiar con el hecho de la separación vertical entre un proveedor de infraestructura y de servicios tradicionales de comunicaciones que tienden a ser un “commodity” versus proveedores de servicios OTT -Over-The-Top- que suelen capturar gran parte del valor del consumo complementario de dichos servicios con los servicios tradicionales de infraestructura e Internet.

Dicho lo anterior que constituye por si mismo un tema trascendental, se encuentra atender problemas de asequibilidad de los servicios TIC, así como informar y educar para reducir las brechas de acceso y uso de los servicios y beneficios de la economía digital en favor de los usuarios o consumidores finales. Si bien los temas tarifarios y/o de precios constituyen materia de estudio y seguimiento por parte de las distintas autoridades regulatorias nacionales, se requiere de instituciones robustas y buenas prácticas regulatorias y de análisis de impacto regulatorio que eviten fallas de gobierno en diagnósticos errados o interesados que terminen explicando diseños regulatorios sobre consecuencias y no sobre las verdaderas causas de eventuales distorsiones en los mercados. Lo anterior no resulta un tema menor, porque objetivos políticos explicados por ciclos políticos o electorales, así como por una legitima procura de eficiencias de corto plazo pueden lesionar la eficiencia dinámica y los incentivos en favor del despliegue de redes de nueva generación (NGN).  

Adicionalmente, internacionalmente los principales temas que han sido identificados por autoridades regulatorias y expertos como medulares para el desarrollo de la economía digital por pasan por analizar: 

• Neutralidad de Red: Este tema posee una dimensión económica y de eficiencia que puede diferir de una dimensión de libertad de expresión y de objetivos sociales de pluralidad. En este sentido, el Gobierno y las autoridades regulatorias podrían poseer una posición laxa al respecto o por el contrario principista. En el caso venezolano, de hecho existe evidencia de violación de dicho principio por parte de las propias autoridades por intereses estrictamente políticos, lo que constituiría un notable ejemplo de problemas de agencia.

• Agencia para la Regulación de la Economía Digital: Una pregunta que cada uno de los países se plantea es si requiere una autoridad nueva y especializada que norme, regule, fomente y analice a la economía digital o por el contrario se cuenta con una autoridad regulatoria con la suficiente robustez institucional y de experticia para realizar seguimiento de un tema tan novedoso y complejo como la economía digital. Muchos países están pensando crear un regulador exclusivo para el tema, mientras otros han creado departamento o unidades dedicadas a dicho sector dentro de sus autoridades regulatorias sectoriales disponibles.

• Regulación Ex ante o Regulación Ex post: Un tema de enorme importancia y profunda discusión a nivel internacional es cuál es el justo balance de competencias entre la regulación ex ante y la regulación ex post. La importancia de la regulación de competencia es incuestionable en la economía digital, y se encuentra sometida a enormes retos y desafíos por “nuevas prácticas restrictivas a la competencia”. Sin menoscabo de lo anterior, regulaciones ex ante están siendo propuestas actualmente en el mundo desarrollado, especialmente por parte de la Unión Europea. ¿Nuestro país cuenta con el desarrollo de discusiones de esta naturaleza por parte de las autoridades gubernamentales con activa participación del sector privado, así como de gremios empresariales y profesionales? ¿El sector privado, los gremios empresariales sectoriales y cúpulas, así como la comunidad de practitioners han realizado estudios y formulado propuestas sobre el marco institucional-regulatorio existente y sobre la necesidad de incorporar políticas públicas de fomento de la economía digital?

• Regulación de Servicios de Información: ¿Los nuevos modelos de negocio y provisión de servicios que han irrumpido como eventuales alternativas de servicios tradicionales deben ser regulados en ciertos aspectos de sus operaciones, o justamente los proveedores tradicionales deben ser desregulados donde tenga sentido para imprimir dinamismo a la competencia ante la entrada de nuevos jugadores y proveedores de servicios? ¿Existen estudios y análisis al respecto por parte de las autoridades nacionales y por parte de gremios empresariales en Venezuela?

• Regulación de Datos: ¿Venezuela cuenta con un marco normativo eficiente y actualizado respecto a la privacidad de los datos acorde con la irrupción de la economía digital, así como con estudios sobre las eventuales barreras a la entrada y a la competencia que podrían derivarse de la irreplicabilidad de la ingente acumulación de datos y el Big Data? 
• Abstención regulatoria en Mercados Digitales Nacientes: ¿En Venezuela se ha analizado la necesidad de crear Sandbox regulatorios que impriman flexibilidad y dinámica al desarrollo de nuevos productos y servicios en distintos mercados -por ejemplo, en el financiero y en el de sistemas de pago- sin dejar de hacer seguimiento al sector?

La transformación digital constituye efectivamente una oportunidad para todos, pero como se ha advertido con promesas y anuncios anteriores referidos a una supuesta recuperación económica, estabilidad de la moneda, generación de empleo, creación de empresas privadas, rescate de la calidad de vida de los venezolanos, etc., los resultados no se decretan, requieren confianza y un marco institucional favorable.