La equidad efectivamente constituye un objetivo socialmente compartido.

Sin embargo, por un lado la equidad o redistribución económica no se logra directamente -aparte que la componen distintos elementos-, por el otro lado suele prestarse, miope y erradamente, especial atención a la renta como una aproximación, y finalmente y no menos importante, puede cometerse el gravísimo error de atender exclusivamente al objetivo de equidad en detrimento del objetivo de eficiencia económica, por lo que se puede terminarse, en un caso extremo, sin ninguno de los dos objetivos. Asimismo, como se tratará a lo largo del presente artículo, puede constituir un enorme error pretender lograr una inserción económico-social y una capacidad de acceso a bienes y servicios, exclusivamente a través de impuestos, redistribución de rentas y controles de precios.

Independientemente de que responda a un prejuicio, a un dogma ideológico, o a una “suerte” de presiones electorales sucesivas o producto de la pérdida de apoyo político y la necesidad en el corto plazo de parar el deslave político, o incluso porque se está consciente del horizonte temporal de las políticas a favor de la eficiencia con incidencia no necesariamente de corto plazo sobre la equidad; el actual modelo económico y social en Venezuela se basa, prácticamente en exclusividad, en la redistribución.

Tanto en documentos oficiales de acceso público, como en los discursos y en las políticas públicas y regulatorias concretas -como los casos de la distribución del presupuesto inclinada hacia gasto y no hacia inversión social; el control de precios que perfecciona subsidios cruzados que recaen sobre un grupo de consumidores de cierto poder de compra; etc.-; se evidencia el modelo “igualitarista” de renta de corto plazo.

Nueva evidencia respecto a este criterio exclusivo para el oficialismo proviene de la campaña electoral. El actual gobernador del Estado Táchira, propone ajustes de las tarifas de los servicios públicos y de bienes cuya producción u oferta se encuentran en manos públicas, vía tarifas discriminadas por estratos socioeconómicos -asomando zonas geográficas como información tentativa-. En específico, el gobernador asomó que esta política sería aplicada en los casos de la gasolina, y los servicios públicos como la electricidad y el gas doméstico. Adicionalmente, recordemos que el actual gobernador fue Superintendente del SENIAT, y su hermano el actual Superintendente.

La discriminación de precios, aplicando una especie de “impuesto” sobre un grupo de demandantes para beneficiar a otro grupo de estos, puede generar una serie de implicaciones a las que prestaremos atención a continuación.

Primero debe destacarse que una discriminación de precios que implique subsidios cruzados de un grupo de clientes hacia otro, dependerá de si estos productos o servicios cuentan con alternativas o sustitutos. Por ejemplo, ¿cuenta el transporte particular y su consumo de gasolina asociado con un sustituto como podría ser un servicio de transporte público en condiciones que así lo haga ver a los ojos del consumidor?; o por ejemplo cuál es el grado de sustituibilidad del gas por la electricidad, más no viceversa.

En este sentido, en la medida que existan alternativas efectivamente sustitutos de los productos sobre el cual se creará un sobre-cargo o impuesto para perfeccionar un subsidio cruzado, se producirá un efecto renta y un efecto sustitución sobre aquellos consumidores que llevarán la carga. Lo anterior significaría que por un lado la medida pierde efectividad y capacidad de financiamiento para permitir el acceso al grupo poblacional protegido cuando existen sustitutos cercanos, y por el otro lado, se distorsiona el patrón de consumo de quienes soportan las cargas y se le confisca renta. Valga decir que el efecto renta positivo y él sustitución que gozará el consumidor que reciba el subsidio cruzado no solo le permitirá adquirir más del servicio público de red que pudiera pensar la administración pública como un servicio básico, sino que aumentará el consumo de otros bienes, incluso no esenciales o básicos, distintos al servicio público de red.

Ahora bien en el caso que no exista sustituto alguno o sustitutos tremendamente imperfectos, por ejemplo en el caso de un servicio público como la electricidad, el consumidor sobre el cual se aplique la especie de impuesto para subsidiar cruzadamente mostrará una curva de indiferencia en forma de L. En estos casos, la modificación de las precios relativos producto de la discriminación de precios no generará ningún efecto sustitución, produciéndose exclusivamente puro efecto renta.

Segundo, respecto el último caso expuesto de baja o nula alternativa de sustitutos, es donde suele basarse la lógica de los precios de Ramsey, o precios diferenciados dependiendo de la elasticidad de la demanda de los distintos consumidores o grupos de consumidores. Sin embargo, vale precisar que se requiere información perfecta para poder estimar e identificar las elasticidades precio de cada grupo de consumidores. Luego, el perfeccionamiento de los subsidios cruzados sin riesgo de generación de pérdida de peso muerto sobre el grupo de consumidores que llevan la carga porque sea perfectamente inelástica su demanda no significa que no se cree un problema de justicia en la medida que los beneficiados no cubran con sus tarifas subsidiadas ni siquiera sus costos marginales e incrementales -no sólo lesionándose a aquellos consumidores que llevan la carga, sino con el riesgo de destruir Bienestar Social en la medida que parte del excedente del consumidor de este grupo se utilice para cubrir costos no valorados por el segundo grupo-. Adicionalmente, en la medida que la zona donde viva el consumidor; la intensidad de consumo del servicio público o tamaño de su factura promedio; o inclusive su renta no constituyan buenos proxy de aquellas cualidades personales que hacen productivo o generador de riqueza a los individuos se podrá estar incurriendo en: 1.- Lesionar a alguien identificado como rico por vivir en una zona, aun cuando no posea flujo de caja o rentas para llevar la sobrecarga, haciéndole más pobre. 2.- Generar ineficiencias y distorsiones en la sociedad porque modificará la conducta y toma de decisiones por parte de aquellos consumidores o individuos que hayan sido considerados ricos por vivir en cierta zona o por percibir cierto nivel de renta -al respecto prestaremos especial atención a continuación-.

Tercero, en el caso de servicios públicos sin sustitutos, en el caso de productos de consumo masivo y perecederos que no están enfrentando sustitutos ni alternativas y por ello los consumidores con poder de compra terminan adquiriéndolos en el mercado negro, o cuando se anuncia que los ricos o individuos con rentas más altas tienen que financiar al resto de la sociedad; una vez que los individuos se “auto-seleccionan” o revelan su tipo a través de su conducta -por ejemplo, trabajar el doble para hacer rentas-  el subsidio cruzado y las cargas de financiamiento pueden producir modificaciones en la conducta de los agentes económicos -restando efectividad parcial o total de una política pública y un modelo económico estricta, única y exclusivamente redistributivo, como lo explicaremos a continuación-.

El primer y segundo teorema de la Economía del Bienestar sugieren que todo impuesto o equivalentemente control de precios o discriminación tarifaria con fines redistributivos que no operen como uno del tipo lump-sum que no modifique el comportamiento de los agentes económicos, terminará lesionando la eficiencia económica. John Leach en su libro titulado “A Course in Public Economics” publicado por la Cambridge University Press en 2004 advierte que “aquel intento por dar a los pobres la mayor participación posible sobre el ingreso nacional podría provocar una caída de este último de tal proporción, que incluso estos supuestos beneficiados, terminarán siendo más pobres”. Venezuela puede ser uno de estos casos o un lamentable experimento natural de un modelo extremo de redistribución, que aún mostrando un índice de Gini bajo, no estaría significando inserción sino empobrecimiento generalizado -de hecho, un repunte dramático del nivel de pobreza, con un índice de Gini más o menos estable estaría sugiriendo lo anterior-.

Para explicar la lógica de lo planteado hasta ahora utilizaremos un pequeño modelo que describirá el efecto pernicioso de una política redistributiva alejada, como en la práctica ocurre, de un mecanismos del tipo lump-sum, y qué pasa cuando se extrema el igualitarismo.

Supongamos una sociedad en la cual existen dos tipo de trabajos, uno que se remunera mejor con Wh y en la cual se despliega un mayor esfuerzo, o resulta más estresante y demanda más de los trabajadores, y un trabajo menos remunerado con salario Wl. Cada trabajador estima que el trabajo de la industria de alto salario resulta intrínsecamente menos deseado -por el esfuerzo que exige-. Sin embargo, existen trabajadores que valoran compensaciones vía salarial para eventualmente tomar este tipo de trabajo -también suponemos que el salario va acorde con la productividad marginal del trabajo y el mercado laboral es competitivo-.

En este sentido existirán trabajadores aversos al riesgo y otros menos aversos al riesgo. Lo anterior se traduce en valores de compensación para realizar el trabajo más demandante dependiendo de este perfil para cada trabajador. Así las cosas, los trabajadores se auto-seleccionarán o revelaran su tipo al escoger el tipo de trabajo que realizarán en un principio.

Supongamos que θ representa el monto adicional de salario que compensaría al trabajador para tomar aquel tipo de trabajo menos apetecible, más demandante o estresante. La premisa de que todos los trabajadores estiman que el trabajo de mayor remuneración -respondiendo a productividad- implica mayor esfuerzo y desgaste, implica decir que θ no es negativo o que es positivo. Siendo que los trabajadores difieren entre sí respecto a cuan desgastante es el trabajo de alto salario (Wh) significa que θ difiere a lo largo de todos los trabajadores. Con la intención de simplificar vamos a asumir que θ se encuentra entre 0 y 1, y que la distribución de θ a lo largo de todos los trabajadores es uniforme y los agota.

Los trabajadores para quienes su respectivo θ resulta inferior a un valor crítico θ deciden trabajar en la industria de alta remuneración; y aquellos trabajadores para quienes el valor de su respectivo θ resulte superior al valor crítico θ trabajarán en el sector de bajo salario. Lo anterior significa que existe un trabajador indiferente para el cual su valor respectivo de θ es idéntico al de θ, y le resulta indiferente entre los dos tipos de trabajos. Una vez que θ representa la compensación requerida para inducir a un trabajador a tomar el trabajo de mayor desgaste y mayor remuneración, y que la diferencia entre los salarios se representaría por (Wh – Wl), este último monto corresponderá a lo que se le otorgaría a aquel trabajador indiferente entre los dos tipos de trabajo es decir θ. Esto significa lo siguiente:

Wh – Wl = Δ = θ

Siendo que Δ se encuentra entre 0 y 1, algunos pero no todos los trabajadores escogerán tomar el trabajo de mayor desgaste y remuneración. Dado que el valor de θ se encuentra uniformemente distribuido en el intervalo que llega a la unidad, una fracción θ de trabajadores poseen un θ que resulta inferior a θ.

Ahora para poder ver cómo una política redistributiva basada en los ingresos distorsiona la sociedad y la economía hasta un extremo, primero veamos un sistema de impuestos del tipo lump-sum como Benchmark para comparar posteriormente con un sistema impositivo igualitarista basado en la renta.

Redistribución del tipo Lump-sum (Benchmark):

Un gobierno que desee implementar una distribución más equitativa deberá imponer impuestos a aquellos que inicialmente reciben altos ingresos y subsidiar a aquellos que inicialmente poseen ingresos, rentas, ingresos o salarios bajos. Si el gobierno puede observar cada tipo de trabajador, lo que significa conocer cada valor de θ para cada trabajador, el gobierno podría diseñar una política de impuestos y subsidios contingente respecto a estos valores. Lo anterior significa imponer impuestos a cada uno de los trabajadores que posean un valor de θ por debajo del valor inicial de θ, y subsidiar a todos aquellos trabajadores cuyo valor de θ se encuentre por encima del valor inicial de θ.

Lo siguiente es importante: una vez que cada individuo no puede cambiar los impuestos o subsidios definidos según su tipo observado por el gobierno, ni siquiera cambiando de trabajo; la política impositiva no inducirá a nadie a cambiar su trabajo, por lo que el valor de θ tampoco cambiará.

Si todo el ingreso obtenido por los impuestos a los ricos son distribuidos vía subsidios a los pobres, la relación o identidad contable entre impuestos y subsidios será igual a:

t*θ = σ*(1 – θ)       Donde t es el impuesto y σ corresponde al subsidio.

Así las cosas los ingresos después de impuestos de los trabajadores de la industria de salario alto quedará representado por:

Yh = Wh – t     (Ecuación 1)

Por su parte los ingresos después de subsidios de los trabajadores de la industria o sector de salarios bajos queda expresada de la siguiente manera:

Yl = Wl + σ = Wl + (t* θ)/(1 – θ)    (Ecuación 2)

Cuando se incrementa el impuesto desde cero hasta llevarlo al valor de Δ*(1 – Δ), todos los trabajadores terminaran recibiendo ingresos idénticos después de impuestos y subsidios, equivalentes a Wl + Δ^2.

Esta política no genera pérdida de peso muerto o ineficiencia económica. Una vez que las personas no pueden alterar sus impuestos y subsidios que les corresponde cambiando su comportamiento, no cambiarán sus conductas y no se producirá pérdida de peso muerto.

Impuestos y Subsidios basados en el Ingreso o la Renta

Ahora supongamos como suele ocurrir en la realidad que el gobierno no puede conocer el tipo de cada individuo, grupo de la población o de los trabajadores, y en consecuencia la única información que puede utilizar es la renta, los salarios devengados o los ingresos percibidos por las personas. La implementación de un programa de impuestos y subsidios tendrá impacto en la composición de los grupos. Continuará ocurriendo que los trabajadores con valores de θ inferiores al valor crítico θ escojan trabajar en la industria de mayor desgaste y mayor remuneración -y viceversa-. Sin embargo, la manera por medio de la cual se determina θ ha cambiado en este caso. En esta ocasión con la política impositiva en marcha, un trabajador estará indiferente en trabajar en cualquiera de las dos Industrias o sectores si la diferencia de los ingresos después del impuesto y el subsidio compensa exactamente tomar el trabajo más exigente, demandante y/o estresante:

θ = yh – yl

Sustituyendo la Ecuación 1 y la Ecuación 2 en la anterior tenemos:

Δ – t – (t* θ)/(1 – θ) = θ

Esta ecuación cuadrática tiene por raíz con sentido económico la siguiente:

 θ = (1/2)*[(1 + Δ) – ((1 + Δ)^2  -  4*( Δ – t))^1/2]

La solución presenta las siguientes dos propiedades:

• θ = Δ cuando t=0, arrojando la distribución de Ingresos original o inicial.

• θ = 0 cuando t= Δ. Este impuesto “igualitarista” sería extremadamente alto y forzará a que todos los individuos y trabajadores eviten tomar el trabajo desgastante de alta remuneración. Una vez nadie toma este tipo de trabajos los impuestos no se recaudarán. Los ingresos habrán sigo igualados entre todos, reduciendo o tendiendo a desaparecer el Ingresos de los ricos. La porción de ricos que soporta los subsidios a los pobres es igual a θ/(1 – θ), así las cosas en la medida de aumente el impuesto t esta proporción disminuirá hasta llegar a cero cuando t= Δ.

Conclusión se habrá logrado un igualitarismo hacia abajo. El Producto Interno Bruto caerá en la cantidad Wh – Wl (salarios que reflejan la productividad marginal del trabajo) multiplicado por el número de trabajadores que migran de trabajo, forzados por el impuesto expoliador. En un extremo se habrá deprimido a la economía y a la sociedad.

Aquellos individuos que sufren la destrucción de su renta y de su posición económica debido a que llevan las cargas de los subsidios cruzados, los pagos de impuestos o de aquellos “impuestos indirectos” sin que si quiera reciban bienes públicos en contra-pago que compensen la pérdida de renta -dado los objetivos meramente redistributivos de corto plazo de la política y del modelo económico-; pueden manifestar su desacuerdo por medio del éxodo que está sufriendo el país, casualmente protagonizado por profesionales de altísima formación y por la clase media.

Así las cosas el modelo económico oficial perfecciona una forzada sociedad y economía fallida, donde unos, eventualmente, disfrutan concesiones graciosas por parte del Estado y a otros los expolian para financiar la política igualitarista. Sin embargo, la continuidad y profundización de un modelo de este orden continuará destruyendo la economía y el Bienestar Social -destruyendo los incentivos y la base imponible, el valor agregado, la productividad, la innovación y la generación de riqueza-.