Cuando en 1991 se escribió y sancionó la Ley del Banco Central de Venezuela, ya el camino recorrido por América Latina había sido lo suficientemente traumático en materia de inflación. Atrás quedaron en la memoria aquellos episodios de alta y desquiciante inflación que literalmente arruinaron a las economías de Argentina, Bolivia, Perú y Nicaragua durante finales de los setenta y mediados de los ochenta.

En cada uno de esos eventos de elevada inflación había un elemento común: el financiamiento de los déficits fiscales y el gasto público con impresión de dinero por parte de los bancos centrales.

Un paso importante se dio en Venezuela en 1999, cuando en la Constitución se consagró la autonomía del Banco Central y además se le prohibió expresamente el financiamiento de los desequilibrios fiscales, debido a las consecuencias nefastas derivadas de los traumas sufridos tanto en Europa como en el campo de experimentación en que se convirtió Latinoamérica en los años setenta, cuando los gobiernos, pensando que con expansiones monetarias resolverían los entuertos sociales, acabaron propiciando una escalada de precios que trastornó las monedas.

Todo el terreno ganado institucionalmente para fortalecer al Banco Central de Venezuela se ha perdido y actualmente ese organismo es una caricatura deformada de lo que es y debe ser el ente rector de la política antiinflacionaria. Han sido desfiguradas sus funciones hasta convertirlo en una especie de caja chica del Gobierno.

El 29 de octubre de 2009, se aprobó en la Asamblea Nacional otra reforma de la Ley del BCV, más peligrosa que las dos anteriores juntas. Ella consiste fundamentalmente en que el BCV puede financiar los déficits fiscales y el gasto público con el atuendo de la compra de bonos a Pdvsa. El BCV emite dinero para comprar pepeles emitidos por la endeudada Pdvsa y luego esta traspasa esos fondos al Gobierno. Es tan burdo el mecanismo que no puede pasar desapercibido. Con motivo de esa grosería financiera, el presidente del BCV, Nelson Merentes, tuvo la osadía de decir que ello no tendría efectos sobre la inflación.

Lo que en un país medianamente civilizado hubiese provocado una marejada de críticas acá pasó desapercibido, tal vez porque nos hemos acostumbrado a los disparates que dicen y hacen los altos funcionarios a cargo de los asuntos económicos de Venezuela. Pero nada de eso se hubiese podido hacer sin contar con el visado del jefe de los sepultureros de la autonomía del BCV, Hugo Chávez, y su disciplinado ministro de Planificación, Jorge Giordani. Sobre ellos recaerá la mayor responsabilidad de lo que en materia de inflación pueda suceder en Venezuela.

(*): Economista