Al cumplirse un año de la decisión de cierre de 34 emisoras de radio y televisión, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas quiere ratificar la posición institucional que expuso públicamente en el momento en que se tomó esa decisión: Que este tipo de medidas son inconstitucionales y degradan la calidad de la democracia venezolana.

Un año después de haberse tomado esa medida el único resultado notable es el fortalecimiento de una hegemonía comunicacional que el gobierno usa dejando de lado principios y valores que son sustanciales para la vitalidad de la democracia: el pluralismo, el debate equilibrado entre las ideas, el respeto debido a todas las propuestas y la garantía de que todas las opciones tengan cabida. A cambio de esto observamos un endurecimiento notable del sectarismo y una tendencia inaceptable a estatizar todos los canales de comunicación, dejando sin empleo a cientos de trabajadores y banalizando todos los derechos de propiedad que nuestra Constitución garantiza.

La Cámara de Caracas lamenta que el único resultado tangible haya sido la debacle de las empresas de comunicación social que fueron afectadas. Su ruina demuestra que el derecho y las libertades están íntimamente relacionadas con la propiedad privada y con la concurrencia pluralista de una nutrida participación de pequeños, medianos y grandes accionistas, que en su conjunto representen la diversidad de opiniones y enfoques de la noticia y el acontecer nacional. Cuando esta concurrencia se obstruye con medidas como las que sufrimos hace un año, el resultado es un envilecimiento de la calidad informativa y por lo tanto menos opciones para que los ciudadanos estén bien informados y dentro de los márgenes de su libertad saquen sus propias conclusiones.

Los empresarios de Caracas esperan que este tipo de medidas puedan ser revertidas dentro de una reconsideración de lo que debe ser para todos los venezolanos un Estado de Derecho que permita a todos los ciudadanos, sin distingo ni discriminación alguna, el disfrute pleno de las garantías previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Caracas, 31 de julio de 2010