Venezuela tiene enormes desafíos de carácter geopolítico.

La inversión extranjera directa en el sector petrolero va a exigir que ciertos desafíos políticos sean superados y uno de ellos es que, básicamente, el país tiene una percepción de riesgo reputacional y es percibida como un Estado permisivo con prácticas vinculadas a legitimación de capitales, corrupción, lavado de dinero, entre otros.

Pdvsa, que es el principal eje económico del país, era una empresa referente en el mundo petrolero y ahora "tiene la peor imagen" en los mercados internacionales, ya que se le asocia con actividades ilícitas y corrupción.

Los bancos internacionales van a mantener por años un sobrecumplimiento sobre las posibilidades de transacciones de la empresa. Eso va a durar por mucho tiempo y tendrá repercusiones muy fuertes.

El deterioro de la industria petrolera venezolana, que se evidencia actualmente, es producto del desvío de los recursos para hechos irregulares y malos manejos. Ahora Pdvsa, y en consecuencia Venezuela, ha sido desplazada por otros actores petroleros en el mercado mundial y sin posibilidades de ayuda para su recuperación por parte de aquellos aliados políticos y por parte de los países a los que tanto financió a través de diversos acuerdos, que hoy el país desconoce 

Es lamentable que las denuncias e investigaciones ejecutadas por organismos como el parlamento venezolano del 2015 fueron engavetadas por otras instancias.

El Ministerio Público solo se movilizó cuando varios funcionarios de alto nivel, entre ellos, el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, que es parte de la desidia que vive la industria, comenzaron a ser críticos contra la actual administración gubernamental.

Una justicia selectiva no es justicia. En un país donde cada institución cumple el papel que le ordena la Constitución se realiza una investigación imparcial de cualquier hecho de corrupción, venga de dónde venga, desde el más alto funcionario hasta el de menor jerarquía en la administración pública, y se aplican las sanciones correspondientes.

El mensaje que el gobierno transmite al ciudadano es que se castiga la corrupción cuando el Ejecutivo lo ordena y le conviene. Es lamentable la situación de nuestro país, donde no existe un Estado de derecho, donde las instituciones no son autónomas.

En Venezuela estamos caminando hacia cambios estructurales en todo el sistema y eso parte con un cambio de gobierno.

|*|: Columa de opinión "Bitácora energética"