En Venezuela los Partidos políticos fueron concebidos para la vigencia y el desarrollo de la democracia.

Existe una escala de valoración democrática y  una cadena de prioridades en cuanto al bien común de la sociedad donde los partidos son fundamentales; sin embargo, para el gobierno es más importante  la nación, la patria y el pueblo. Ahora bien, en  el país el tipo de régimen político que poseemos muestra una falta de institucionalidad y una parcialidad inconcebible en una democracia del sistema electoral. Estos dos hechos han afectado a los partidos y, naturalmente, a sus funciones.

Para que una democracia funcione tiene que existir una coincidencia de intereses, una fuerza centrípeta de todos los factores; tener claro que el interés del partido está por debajo del interés del gobierno y este a su vez está por debajo del interés nacional. Al ser este último el supremo, no puede invocarse su nombre para intereses propios o partidistas de menor importancia, como lo hemos visto exacerbado en los últimos años entre el PSUV y el gobierno mismo. El interés nacional debería ser la balanza para sopesar las actuaciones de todas aquellas organizaciones políticas que están o deberían estar involucradas para el desarrollo de la nación. Este régimen, por el contrario, da más peso a los intereses de la élite política psuvista que a los de los integrantes de sus corporaciones sociales; se trata de una agregación de intereses, pero no de su representación como tal.

Afirmar que los líderes buscan satisfacer, exclusivamente, sus propios intereses y tener siempre el control de la situación (una negociación parlamentaria, una decisión de gobierno, un proceso de renovación de la élite misma) refleja un limitado conocimiento de la realidad política; la idea de su falta de identidad ideológica también contribuye a la confusión de los proyectos políticos de aquellos que deberían liderar el partido. Esto refleja, en la actualidad, que los partidos son pequeños grupos de individuos con intereses comunes algunas veces, que luchan por el poder participando en elecciones, dejando a una lado la esencia de la política, que no es más  que la búsqueda del poder para el beneficio de la sociedad para la cual se trabaja.

La historia política nos ha demostrado que el desarrollo del sistema democrático depende del desarrollo de los partidos políticos, que son las instituciones por excelencia del estado. Los partidos son distintos a las organizaciones de la sociedad civil, que participan en el debate público aunque  no tienen la vocación natural de dirigir el estado. En el país, en la constitución de 1999, se vulneró el derecho y la institucionalidad de los partidos aprovechando el desprestigio que determinados partidos habían tenido por causas del mal desempeño o por causas externas que buscaron, en su momento, destruir el sistema de partidos. Vemos que el PSUV es un partido creado desde el gobierno, con un jefe supremo que, además de jefe del partido, es Jefe del estado, y desglosando el estado vemos como cada integrante es parte del partido, perdiendo total autonomía en la realización de los deberes propios del gobierno. Los partidos de oposición participan en el juego democrático con expectativas limitadas. Tal vez la única función que desempeñan es la representación de intereses.

El tema de los intereses partidistas  y el interés nacional seguirá fresco como una contradicción que debe superar la vida democrática del país. El presidente de la república se acostumbró a que fuera desligado de la disciplina partidista como una concesión limitante en bien del interés nacional, para que el jefe de estado obedezca menos a las presiones partidistas y más a los intereses de la nación. Todo esto debe ir de la mano de una conciencia democrática y, así, comprometer a todos los factores en un esfuerzo común. Desde mis primeros escritos, he planteado que hay que insistir, resistir y persistir en las ideas que aglutinan a los ciudadanos alrededor del desarrollo democrático de la sociedad. Para esto es necesario que los partidos reflexionen hacia un cambio que les permitan ocupar el lugar que realmente les corresponde, para retomar la institucionalidad del estado.