De los siete puntos incluidos en el memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y la oposición

en el primer encuentro en Ciudad de México, el tema central es el relacionado con el cronograma para elecciones libres, competitivas y supervisadas. Si no se obtiene un acuerdo en torno de esta materia, será imposible que la oposición logre su principal objetivo: sustituir el régimen de Nicolás Maduro en un plazo cercano de forma pacífica. Tampoco el gobierno alcanzaría su meta más importante: conseguir reconocimiento internacional e iniciar el proceso que lleve al levantamiento progresivo de las sanciones internacionales. Habrá sido un fracaso por partida doble. Ninguno de los protagonistas habría culminado la jornada con los laureles que buscaba. Maduro seguirá al frente de un gobierno rechazado, impopular y mediocre. La oposición continuará sobreviviendo luego de una nueva frustración. Quienes peor saldrán de ese eventual fiasco serán los venezolanos. Permanecerán hundidos en la miseria y sin expectativas de que su condición mejore.

Hasta el presente es poco lo que se ha avanzado. Luego de la primera jornada de discusiones, se logró un entendimiento que reafirma la postura unitaria frente a Guyana y una alianza para combatir la crisis social desatada por el coronavirus. Hay que interpretar ese entendimiento como una forma edulcorada del gobierno de señalar que se encuentra en México con la genuina intención de pactar. La oposición, por su parte, admite que para avanzar debe saludar la bandera. En realidad es escaso lo que la puede hacer en cada uno de esos campos.  

Exigir en México que el gobierno garantice que no torpedeará  el referendo revocatorio (RR) que podría convocarse el año que viene, representa la mejor ruta para llegar a las elecciones presidenciales justas y libres que aspiran la mayor parte del país y la comunidad internacional. El artículo 72 de la Constitución establece que si el presidente en ejercicio pierde la consulta, “se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta”, y por lo tanto –según el Art. 233- a convocar una nueva elección para sustituir al mandatario saliente en un plazo no mayor a treinta días. La figura del RR es constitucional. El adelanto de los comicios presidenciales, no. Requeriría un acuerdo político e incluso una reforma de la Carta Magna, si es que las partes quieren actuar apegadas a su texto. Un pacto de esta naturaleza luce más complicado porque la delegación oficial argumentará que ningún acuerdo político puede desconocer la Constitución. Para Estados Unidos, la Unión Europea y los países amigos de Venezuela también puede resultar embarazoso respaldar una salida  que no está contemplada en el ordenamiento jurídico nacional.

Blindar el  RR. Rodearlo de garantías que permitan su realización y el respeto a los resultados que surjan de la consulta, representa un desafío enorme. Ya conocemos la experiencia de 2004, cuando Chávez le colocó innumerables obstáculos a la consulta y la llevó hasta la fecha límite en la cual podía realizarse. El margen obtenido le permitió recomponer los planos y obtener una victoria que jamás habría alcanzado si las votaciones se hubiesen llevado a cabo en los lapsos  establecidos en la ley. También se recuerdan los artificios de Maduro para impedir el RR en 2016. En su caso, las argucias fueron obscenas. Se valió de jueces de distintos estado del país para impedir la recolección de firmas para la convocatoria.

Demandar el respeto a la realización del RR no significa ignorar o minimizar las trabas existentes. Se trata de la aplicación de una fórmula que compromete seriamente la permanencia de Nicolás Maduro y su gente al frente del Ejecutivo. Sin embargo, el reto mayor de la oposición consiste en superar –en el marco de la Constitución- las berreras que impiden sustituir un gobernante de facto, cuyo mandato a partir de enero de 2019 se considera ilegítimo, razón por la que es desconocido por las democracias más importantes del planeta. Además, si Maduro no acepta un procedimiento constitucional como el RR, es muy probable que tampoco admita realizar unas elecciones transparentes en 2024, fecha prevista para los próximos comicios presidenciales, y puerto final al que pretende llegar el gobernante. Seguramente está tomando nota del método aplicado por sus compadres Putin, Ortega y Lukashenko, entre otros miembros del club de los neodictadores.

A Maduro y su entorno conviene recordarles la actuación de los peronistas argentinos y los priistas mexicanos.  Los peronistas, primos hermanos del chavismo, han  ganado elecciones y las han perdido. Han salido del poder y han retornado. Estos cambios se han producido sin desgarraduras. Aunque con recelos, han participado en el juego democrático. La gente de PRI, luego de haber gobernado México durante setenta años continuos, perdió el poder y más tarde lo recuperó, para perderlo y retomarlo de nuevo. Ambos grupos, sin ser modelos de honestidad, pulcritud y eficiencia, han sabido ganar y perder. En ese espejo debería verse el PSUV y Maduro. 

Mirarse solo en el espejo de Cuba puede satisfacer el ego y la vanidad, pero a un costo muy alto porque causa mucho daño, sobre todo a los más pobres.