Varios fueron los factores que intervinieron en el cerco que el régimen les tendió a sus representantes,

y a los de la oposición, en el Consejo Nacional Electoral, y que los llevaron a renunciar solo dos años después de haber sido designados por la Asamblea Nacional para un período de siete años. Destaco la intención de torpedear la Primaria opositora, prevista para el próximo 22 de octubre. El CNE estaba en conversaciones con la Comisión Nacional de Primaria para determinar las formas de cooperación entre el organismo electoral y la comisión. El Gobierno quiere evitar que la Primaria se convierta en un evento que despierte el entusiasmo y la esperanza de la gente, y en el método para elegir un candidato con una sólida legitimidad y representación nacional, capaz de vencer a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

En torno de la Primaria han ido aumentando las expectativas. María Corina Machado, candidata que lidera las encuestas en la actualidad, ha despertado una corriente de simpatía que crece de forma evidente. Sus giras por el interior del país, las más recientes en Trujillo y Táchira, han estado cargadas de fuerza.  La gente la ha apoyado con ánimo. Puede preverse que esa energía crecerá cuando los otros aspirantes salgan a recorrer la nación, a proponer sus programas y confrontar sus ideas. 

Maduro no podía aceptar que sus delegados en el  CNE se comportaran con independencia de criterios y tuvieran gestos amables con la CNP y la Plataforma Unitaria. Pedro Calzadilla y Alexis Corredor –los dos rectores principales que quedaron luego de renunciar Tania D’Amelio, quien pasó al Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2022-  resultaron demasiado caballeros para el gusto de la cúpula del PSUV. Según la visión de la alta dirigencia del régimen, el CNE debe estar al servicio incondicional  de la eternización de Maduro en el poder. El CNE no fue concebido por el PSUV para respetar la autonomía de los poderes públicos, ni organizar elecciones libres, competitivas y transparentes, sino para acatar la voluntad de una casta que quiere empotrarse en Miraflores por siempre. A Calzadilla,  antiguo ministro de Cultura y, luego, de Educación Universitaria, le cobraron su ‘debilidad’.

El régimen necesita verdaderos comisarios. Verdugos implacables capaces de prohibir la inscripción de María Corina en el CNE invocando cualquier razón caprichosa; o de guardar un silencio cómplice frente a la arbitrariedad de mantener inhabilitado a Henrique Capriles; o prestarse para apoyar la ilegalización de la Primaria porque la consulta se realizará sin la participación del CNE; o convocar las elecciones presidenciales cuando más le convenga a Maduro. En fin, el Gobierno demanda funcionarios que formen parte del engranaje mecánico e impersonal que requiere para llamar a unas elecciones en las cuales la gente vote, para conservar las apariencias de legalidad,  pero no tenga la capacidad de elegir de forma libre el candidato, o candidata, de su preferencia.

La necesidad de designar un CNE domesticado y sumiso aumenta con el paso de los días. La recesión económica reapareció desde finales de 2022. La inflación, aunque se desaceleró, sigue siendo la más alta de América Latina. Su capacidad corrosiva se mantiene. El Gobierno no logra reanimar la economía porque no inspira confianza. Sus aliados  internacionales le brindan apoyo político, pero no respaldo financiero. Rusia, Irán y Turquía, sus socios en la escena mundial, no están en capacidad de desembolsar las ingentes cantidades de recursos que requiere Venezuela para resucitar el aparato económico. China parece cansada de la incompetencia del Gobierno. Maduro no logra superar el 30% de aceptación popular. En mayo pasado no pudo aumentar el salario mínimo, síntoma inequívoco de que las finanzas públicas están en la lona. Resurgió la escasez de gasolina en gran parte del territorio nacional.

La alternativa que va quedándole a Maduro para continuar en Miraflores se reduce a reprimir las protestas sociales, como ocurre en Guayana, y acosar a la oposición mediante amenazas y exclusiones de los dirigentes de la Plataforma Unitaria. En el camino hacia Nicaragua que el mandatario se trazó, algunos de los pasos que se vislumbran son el nombramiento de un CNE sumiso, la inhabilitación de María Corina y, eventualmente, de otros aspirantes, y la ilegalización de la Primaria con el caprichoso argumento de que van a realizarse sin la presencia del CNE. 

La integración del Comité de Postulaciones designado por la AN da una pista muy clara de hacia dónde debe apuntar el nuevo CNE. Allí aparecen, entre otros nombres, Cilia Flores, Didalco Bolívar, Ricardo Sánchez, Desiree Santos Amaral y Luis Augusto Romero, cuyo compromiso con el régimen es total. 

El anterior CNE fue clausurado para imponer la voluntad del régimen. El reto consiste en impedir que cumpla su propósito.