La maltrecha función pública
Escrito por Ricardo Ciliberto Bustillos   
Lunes, 03 de Mayo de 2021 00:00

altUna de las sempiternas tragedias (y no exageramos) en América Latina y específicamente en Venezuela ha sido la de no comprender

que la función pública no es un premio, una retribución o un botín,  sino la prestación de un servicio administrativo útil y necesario a la sociedad y cuyo principal fundamento se halla en la vocación, preparación, entrega y disposición de cumplir a cabalidad  sus atribuciones y deberes.

La gestión gubernamental, desde los albores de la nacionalidad, siempre ha sido un dolor de cabeza. Una herencia colonial hasta hoy día, manifiesta e invariable.  España nunca pudo tener una entrenada burocracia y mucho menos una pléyade de funcionarios eficaces para sus territorios de ultramar. Salvo honrosas excepciones, solo ocasionaron invariablemente conflictos y tensiones de alto calibre. Los acontecimientos del 19 de abril de 1810 tienen algo que ver con esto. En consecuencia, las quejas y preocupaciones del Libertador hasta aquellas que esgrimían  los hacedores de la democracia no fueron extrañas ni ocasionales.

Hoy por hoy, el acceso, con o sin mérito o aptitud, a un cargo público se registra más que una responsabilidad, como un premio y por lo general, su eventual desempeño, se ve más como un favor que una obligación.

Caso emblemático, cuando el más simple funcionario detrás de una ventanilla o delante de una puerta, unilateralmente, se arroga  un poder  fuera de toda sindéresis, además de sentirse dueño y jefe del gobierno y oráculo e intérprete de las leyes, normas y directrices de cualquier oficina o despacho oficial.

Obtener respuesta oportuna o finiquitar  cualquier trámite, por más sencillo que sea,  semeja  – como si fuese una olimpíada –  a la obtención de una maratónica medalla de oro, incluido el ascenso al podio de la paciencia o de la buena suerte.

Entendemos que la democracia  cometió errores  y omisiones muchas veces inexcusables. Pero el asalto a la administración pública, cuyo inicio data desde 1999, ha sido algo nunca visto y por supuesto muy reprobado por la gran mayoría de los venezolanos. Y decimos asalto, porque eso fue lo que se hizo con la PDVSA de aquellos tiempos, como  si fuese una presa salvaje sujeta a recompensa, y de paso, como primera demostración de los zarpazos que vendrían de seguidas. La “fiesta”, como era de esperarse, se fue extendiendo a todos los ministerios, despachos y empresas del Estado hasta no dejar hueso sano  y mucho menos  cuentas transparentes.

Ventidós años de parálisis y descomposición han causado un daño enorme. Tal es el caso, y valga la cita, como si fuera una decidida política gubernamental, echar cientos de funcionarios a la calle (ellos no son culpables) a rebuscarse el sueldo o a obtener entradas extras, extorsionando, amedrentando y maltratando al transeúnte común  o haciéndole al ciudadano de a pié más difícil y  penosa cualquier elemental diligencia. En otras palabras,  corrupción e ineficiencia, como muchos atildadamente han afirmado, pareciera ser su divisa.

Endilgarle la culpa a terceros  se ha convertido en moneda común y corriente dentro del gobierno. Nada los salpica y menos los compromete.  Aducen que la oposición y el imperio han hecho de las suyas y por tanto son los únicos responsables de este desastre. 

El hecho cierto es que el problema de las vacunas, la  situación agravada por la pandemia, sumado a la falta de centros hospitalarios para atender no solo los contaminados de covid-19, sino también a muchos otros necesitados de cura y cuidados médicos, además de las precariedades de siempre, no son más  que una muestra  de la  indolencia e ineptitud que hoy impera en la administración pública nacional.

Cuando prontamente se reinstaure  la democracia, una de las tareas más ingente será la reducción  “in extremis” del tamaño del Estado junto a una  firme voluntad por hacer de  la  función pública, desde todo punto de vista, una actividad  eficiente, transparente, oportuna, ejemplar y sobre todo, cumplidora de sus obligaciones y responsabilidades con los ciudadanos. 

Se trata de superar este contratiempo. No podemos continuar a la cola del mundo y de los nuevos tiempos. Porque a la  globalización de la economía, a pesar de ciertas injusticias y desigualdades, también se le ha añadido el monitoreo de  los gobiernos y el resguardo de los derechos humanos. Una corrupta e ineficiente gestión pública, atropella y vulnera   estos derechos. Incluso, en nuestro caso, los mismos están prescritos en el texto de la Constitución y arraigados en los más profundos valores democráticos del pueblo venezolano. Un compromiso necesario e impostergable.

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|*|:  Especial para www. opinionynoticias.com | Imagen por Pexels




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