Mantener la seriedad y la compostura, el respeto por la persona humana y el apego a la justicia,

así como a la presunción de inocencia y la defensa del debido proceso judicial, no son condiciones fáciles de asumir y defender en la Venezuela actual. Y mucho menos ante un permanentemente bombardeo propagandístico distractor, que pretende alejarnos de la real trama de corrupción existente en todo el país, así como de quienes mueven sus hilos y se benefician en todas las formas posibles de la misma. Discursos altisonantes de odio y de retaliación, de amenazas y arengas destempladas, de burlas y sobre exposición de hechos y situaciones bochornosas, donde aparecen como protagonistas damas exuberantemente hermosas envueltas en lujos y ostentación, pero que están muy lejos de ser las reales responsables de la situación existente.

Quienes deberían ser los garantes de la sobriedad y la mesura, en el tratamiento de casos como el actual de la corrupción en PDVSA, han tomado el erróneo camino de esconderse cobardemente detrás de la demagogia politiquera, el revanchismo sectario y la negación de su inmensa responsabilidad. Sin tener un real propósito de enmienda y sin acciones efectivas que vayan a las causas del problema, el gobierno pretende ser el adalid ético del país e instrumentar una razia contra sus adversarios internos y externos, sin respetar los DDHH ni el debido proceso judicial. La puesta en escena de la imputación de los primeros detenidos, fue un acto teatral en el que se violó flagrantemente la presunción de inocencia y la dignidad de la persona humana. 

Los imputados no pueden ser presentados como culpables, ni exhibidos como trofeos de los cazadores del siglo XXI. No deben ser execrados como seres humanos ni expuestos al escarnio público, en los inicios de un proceso judicial que supuestamente establecerá sus responsabilidades, pues de esa manera ya se anuncia que difícilmente tendrán un juicio justo. Pareciera que los casos de injusticias y depravaciones judiciales y políticas recientes, que afectaron a los ingenieros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, acusados alevosamente de traición a la Patria, por denunciar hechos de corrupción en PDVSA que hoy sabemos ciertos, no les han servido a los capitostes psuvecos para comportarse con mayor prudencia, discreción y sentido de justicia, en aras de no continuar la práctica siniestra de enlodar reputaciones impunemente.  

De nada les sirvió el caso de los más de diez años de prisión injusta de Rodney Álvarez, trabajador y luchador social de SIDOR, acusado de asesinato para proteger a un militante del PSUV, verdadero culpable reconocido por todos los testigos presentes. Luego del martirio, el trabajador tuvo al final que ser declarado inocente y liberado, sin que el Ministerio Público investigara lo ocurrido en ese juicio, ejecutado aviesamente con la complicidad de jueces y fiscales. ¿Cómo se puede hablar de justicia, si los responsables de estos despropósitos y los autores intelectuales de los mismos no son castigados con todo el peso de la ley? Y, peor aún: si permanecen en sus cargos listos para seguir actuando de la misma manera y utilizando el sistema judicial en función de intereses bastardos, muy contrarios a los de una república democrática.

Reclusos con bragas anaranjadas, nuevas y planchadas, en un país donde no hay uniformes ni batas para el personal de salud. Donde no existe ropa de cama para los pacientes hospitalizados, ni gaza, ni algodón, ni otros insumos básicos, para garantizar la atención debida de los venezolanos enfermos. Estimulados por el Presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha sustituido al Estado por la barbarie, quisieron presentar ante la opinión internacional una versión más “civilizada”, como demostración del orden supuestamente reinante en el país. Los medios y las redes se han unido con entusiasmo a este linchamiento mediático. Las víctimas de esta conducta gubernamental, que debo decirlo, aunque no guste, tiene sus antecedentes en los gobiernos adecocopeyanos y claramente existe desde el gobierno de Chávez, son el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana.