Se acercan las elecciones nacionales. Un gran augurio para lograrlas libres fue el anuncio esta semana de la fecha

de la primaria que servirá para determinar la persona que en unidad enfrentará al candidato del régimen despótico. El 22 de octubre debemos tener un resultado que motorizará políticamente al país, acabando con el desprecio por los partidos que han querido instaurar algunos como bandera paralizante ante el poderío de quienes detentan el poder. 

Por estos días hemos visto exigencias para la actualización de datos y las inscripciones en el registro electoral. Registro que a propósito dejó de ser permanente en todos lados, en cada región, en cada estado, en cada pueblo, en cada estación de Metro incluso. La idea es paralizar todo, en procura de la evitación de que dispongamos todos de la información al día. Una desatención de los derechos de la ciudadanía con la finalidad de frenar los impulsos políticos. A sabiendas de que tienen cantada en la frente y muchas otras partes del cuerpo la singular  derrota. En buena medida, a ese mismo propósito contribuye la generación de más desplazados por el mundo, incrementada por la imposición del hambre por los sueldos miserables simulados tras el reclamo por las sanciones, cuando todos conocemos que sobran los recursos para estadios de béisbol, iglesias evangélicas o universidades bellas. En realidad, los recursos esquilmados van a parar, como sabemos, a las arcas personales de quienes más se esfuerzan en mantener vivo el régimen moribundo. 

Más allá de los reclamos indispensables sobre el Consejo Nacional Electoral que nombró la Asamblea Nacional espuria, no lo olvidemos nunca ni por conveniencia, y de la necesidad de actualizar el registro electoral, está también la necesidad impostergable de saber cuántos somos y cuántos vamos quedando. El último censo efectuado en Venezuela data de 2011. Desde ese año no hay información fidedigna de donde estamos ni cuantos somos. La ocultación de información ha sido política de Estado del régimen del terror y en esto del censo poblacional no resulta diferente. 

La Gaceta Oficial de 2019 que ordena la realización del censo, recoge en sus primeras palabras de gamelote seco la prioridad nacional que constituye la estadística, especialmente para la gestión del Estado. Bastante más de tres años después, no se percibe la intención siquiera de darle alguna prioridad al censo nacional. Obviamente no lo requiere el despotismo para el manejo del Estado, especialmente en su manera de concebirlo. De tal modo que ignoramos cuantos somos en realidad los venezolanos, cuantos quedamos y más aún cuantos estamos en edad de votar y donde. 

En esto, y para su favorecimiento, también da muestras el régimen de su más absoluta irresponsabilidad. De paso llama también la atención el poco interés que se nota en toda la ciudadanía, política o no, por estos temas fundamentales del Estado. Como si tampoco a nosotros nos resultara de interés siquiera el conocimiento estadístico nacional. El censo debería ejecutarse cada diez años. Por lo visto, pasarán más de diez años para que comience a dársele la verdadera prioridad que este hecho fundamental posee, si alguien se dedica de veras, una vez el Estado pase a manos y cerebros más conscientes y acordes con la libertad, con la democracia, a ponerle seriedad al importe asunto de la estadística. Por cierto, entre los datos que maneja la pobre página del Instituto Nacional de Estadística se cuenta que para este año seremos más. No vislumbra los desplazados ni ninguna otra mínima información certera porque su fundamento es el año 2011. Ni siquiera sabemos cuantos somos, ni cuantos quedamos, ni donde estamos.