Para el gobierno de Maduro, la AN electa en diciembre de 2020 es totalmente legítima, pues la misma se eligió en el momento debido

según el mandato de la Constitución vigente. En los comicios participaron muchos partidos y grupos opositores, aunque la representación que lograron no se corresponda con los votos obtenidos, pues está muy por debajo de la proporción de estos en relación al total de los sufragios. Este hecho es responsabilidad del gobierno de Maduro, que se había comprometido en la Mesa Nacional de Diálogo a la distribución proporcional de los diputados electos en las listas, lo cual incumplió de manera tramposa como acostumbre muchas veces a hacer. Esta falta conspira contra el reconocimiento nacional e internacional de dicha asamblea. No digo que si se hubiere procedido como se acordó, la AN sería reconocida por todos dentro y fuera del país, pero el incumplimiento es un elemento negativo en el proceso de normalización política necesario para Venezuela.

Para Guaidó, el G-4 y los otros partidos que los apoyan, la AN es ilegítima pues fue electa en unos comicios organizados por un CNE ilegítimo, que no fue nombrado por la AN legítima sino por el TSJ ilegítimo. No aceptan sus responsabilidades al no haber designado al CNE en su momento o, por lo menos, haber intentado hacerlo cuando se incorporaron los diputados del PSUV a la AN, para que esta pudiera lograr la mayoría calificada necesaria para efectuar la designación. No reconocen que las condiciones electorales existentes en diciembre de 2020 eran similares o incluso mejores que las de 2015, cuando la oposición ganó las elecciones con facilidad. Pretenden hacer valer el exabrupto de prolongar el funcionamiento de la AN, más allá del vencimiento de su período constitucional en enero de este año. Y de la misma manera, prolongar el interinato de Guaidó en la Presidencia de la República. 

Con excepción de EEUU, Guyana y uno que otro país latinoamericano, más nadie apoya a Guaidó como Presidente encargado ni a la AN que feneció hace dos meses. A pesar de este hecho, envalentonados por el apoyo del presidente Biden y estimulados con el manejo de cientos de millones de dólares sin ningún control ni limitaciones, unos pocos dirigentes políticos han seguido sus políticas de desconocimiento de los poderes públicos nacionales y de presentar como real la existencia de un poder dual, movilizándose en el país e incluso coqueteando con la posibilidad de participar en las elecciones venideras, pese a que han declarado que las mismas son ilegítimas y que no se debe participar. Arremeten. Además, contra la oposición democrática haciéndola ver como un apéndice del gobierno de Maduro. 

Para el gobierno, Guaidó y el aparato burocrático que lo acompaña es ilegítimo, usurpador y por tanto delincuente, aunque no termina de tomar medidas para controlarlo internamente. Guaidó, según todas las encuestas y encuestadoras, tiene hoy menor respaldo popular que Maduro. El hecho de seguir interino por más de dos años, cuando la Constitución establece sólo 30 días de interinato, más las aventuras políticas fracasadas en que ha estado envuelto, lo ha llevado a una situación de minusvalía interna muy clara. Sin embargo, continúan con su discurso llamando usurpador a Maduro, a pesar de haber sido electo en un proceso en el que votó casi el 50 por ciento de los electores y que fue organizado por el mismo CNE, que organizó las elecciones de diciembre de 2020, ganadas ampliamente por esa oposición.

Sin lugar a dudas que las ilegitimidades están presentes en ambos bandos. En todas sus acciones hay ilegitimidades presentes. Ninguno está libre de ellas. Sólo derrotando a ambas políticas regresará la legitimidad al escenario político venezolano.