Es de conocimiento nacional e internacional el estado que se encuentra Venezuela.

Un estado que arruinó la economía. Unos gobernantes que han tratado, y en parte lo han logrado, disolver la República. La delincuencia organizada y bárbara penetró toda la estructura administrativa del estado, y por eso nos miran como un estado fallido. Al caer los precios del petróleo, y con ello una disminución de los ingresos en más de un 50%, el sostén del otrora régimen populista, hoy dictadura, era obvio, que el camino en la línea de tiempo era la ruptura del hilo constitucional y en consecuencia la represión con toda su carga de crueldad y salvajismo.

La repuesta a esta tragedia llamada Venezuela, es un gobierno que llame a la unión de los venezolanos y que mediante un gran Acuerdo Nacional tenga por objetivo Reconstruir: la Democracia, el aparato productivo, la convivencia nacional y la soberanía internacional.  Un Acuerdo que acepte la experticia de organismos especializados en llevar con éxito procesos de justicia, democratización y estabilización económica.

Experiencias a nivel internacional existen y debemos aprender de ellas. A tal efecto disponemos del Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ) cuya Misión es: ‘’… remediar y prevenir las violaciones más graves de derechos humanos, con el propósito de enfrentar los legados de atrocidades o abusos masivos. El ICTJ busca soluciones holísticas para promover la rendición de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas.”  

En sus 15 años de labor ha acumulado experiencias en solución de conflictos  “desde Túnez a Bogotá, pasando por Kinshasa, Beirut o Katmandú, entre otros”. Lo más difícil: aplicar justicia en momentos de transición, cuando los odios, el revanchismo y la venganza cobran preponderancia. Esta Institución asesora y ayuda a  organismos e individuos que motorizan los cambios sociales y políticos, en especial; documentando, organizando la información y elaborando los expedientes para esclarecer la verdad, lograr la rendición de  cuentas por parte de los acusados y la reparación a las víctimas. Todo ello con un fin adicional: generar confianza en las instituciones y en el imperio de la ley.   

El Centro ha definido cinco (5) grandes objetivos específicos:

Una Comisión de la Verdad que esclarezca todos aquellos actos de violación de los derechos, atropellos y represiones masivas por parte de los organismos del estado. Justicia, a sabiendas que nunca todos los culpables serán enjuiciados, pero  se trata de aplicar la ley con rigor, fundamentada y documentada. No caer en los errores de exceso, porque eso le restaría credibilidad al  proceso  transicional. Reparación a las Víctimas: a conciencia que cualquier acto de reparación es insuficiente, pero el esfuerzo es ayudar técnicamente al gobierno en todo lo que se refiere a compensación  en cualquiera de sus manifestaciones  para tratar de ser justo. Reforma Institucional: Asesoría para reformar aquellas instituciones del estado que han incurrido en las violaciones de los derechos de los ciudadanos y que puede ser desde simples reformas hasta su eliminación para que no se vuelvan a incurrir en esos delitos. Por último tenemos la Reconciliación Nacional: reencontrarnos como país, volver a ser Uno y practiquemos el perdón, que no significa impunidad.

Este es un proceso complejo, pero si queremos Reconstruir la Democracia, tenemos que asumir un proceso de Justicia Transicional, con todos los riesgos que ello implique, pero consciente que no hay muchas opciones, y ésta es la que presenta los costos de transacciones más bajos.

Por último, a éste proceso se le pudiera agregar  otro objetivo específico referido a una ‘’Economía Transicional’’, ya que es prioridad y columna fundamental la estabilización económica que soporte todo el andamiaje transicional normativo necesario para recuperar la armonía de la República.