Las universidades autónomas vienen siendo cercadas por el Gobierno nacional. Sus presupuestos fueron reducidos en seis por ciento en el año 2009 y para el año 2010 se ha asignado el mismo monto del año anterior. A esta reducción presupuestaria hay que agregarle la reducción que significa la inflación del 31,9 por ciento en el 2009 más la inflación del próximo año que no va a ser inferior a la del año precedente. Esta merma sustancial del presupuesto real universitario está afectando los programas de investigación, docencia y extensión. Es una asfixia financiera que con toda la intención del caso está ejecutando el Ejecutivo nacional como política de Estado para cercenar la autonomía universitaria que tiene rango constitucional.

Este cerco a las universidades autónomas se irá agravando con la transferencia al Gobierno nacional de la facultad que han tenido las universidades de manejar el ingreso de bachilleres a las aulas universitarias, eliminando el método más idóneo hasta ahora conocido como la prueba de Aptitud Académica. Se obliga a las universidades aumentar el cupo, sin aumentar el presupuesto, afectando desde luego la calidad de la formación profesional y de la investigación ya afectada en lo cuantitativo.

Esta situación se agrava con la puesta en vigencia de la ley de Educación que cercena aún más la autonomía al incluir como miembros de la comunidad universitaria a empleados y obreros con facultad de votar en iguales condiciones para elegir el gobierno universitario. Los empleados y obreros constituyen un apoyo fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la universidad y forman parte de ésta como organización, pero de allí a integrar la comunidad académica es otra cosa. La nueva ley de Educación es muy genérica, hecha así con toda la intención para controlar las universidades con reglamentos y leyes específicas que vendrán. ¿Rebosará el agua al cántaro?   

(*): Profesor Universitario 

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Fuente: La Verdad