La  tolerancia epistemológica faltó en la LOE 2009 en lo que atañe a la educación religiosa, y eso no le quita el carácter laico a la LOE, simplemente hubiera reconocido la diversidad y pluralidad científica; porque tan ciencia son las ciencias y artes militares como las ciencias de la religión. Las concepciones epistemológicas pospositivistas y posmodernas reconocen el pensamiento religioso como ciencia y válido en la formación integral de la persona humana.

Nuestro pasado prehispánico nos heredó los imaginarios más que la razón, por eso somos más Sentio ergo sum, que del Cogito ergo sum. Somos más Pathos (sentimiento) que Logos (razón). Nuestro pensamiento contiene una lógica polivalente, en la que el "realismo mágico" y la razón se entrecruzan.

No estamos sujetos irremediablemente al principio de no contradicción aristotélico; en América Latina estamos más allá de los p. lógicos pues se sucede A y no A al mismo tiempo. Nuestro imaginario lo conforman manifestaciones protorreligiosas politeístas: Jesús, Buda, Bolívar, Changó, María Lionza, Guicaipuro, el negro Felipe y todas las cortes espiritistas tienen un espacio en la imaginería criolla.

La lógica occidental elaboró un cartabón para adiestrarnos en el culto a la razón y el odio a la imaginación. Sólo el romanticismo, el surrealismo y el simbolismo fueron los bastiones de resistencia de los valores de lo imaginario frente al cientificismo racionalista y empirista. Desde Freud sabemos que el pensamiento no trabaja sólo a pleno día, que en las profundidades de la noche y en las experiencias tenebrosas del inconsciente se determina el mundo de la vida racional.

Las conquistas alcanzadas por la educación religiosa a lo largo del siglo XX no pueden ser excluidas. Debió legislarse también para que los saberes alternativos tuvieran un espacio en nuestras escuelas y universidades; tenemos que evidenciar que la LOE 2009 es en este punto profundamente positivista.

De hecho, algunos institutos universitarios y universidades forman ministros de sectas o religiones y presentan un aval del Ministerio de Educación; es decir, tienen reconocimiento oficial para formar a sus ministros y esto no puede negarse; máxime cuando entre la Iglesia y el estamento militar hay una relación de sinergia permanente, recordemos que incluso los sacerdotes son asimilados como capellanes militares y pueden ascender en la carrera hasta rangos superiores.

Por otra parte, es conveniente que se maneje con cuidado el dar preeminencia a la virtud armada sobre otras virtudes en el sistema democrático. El haber incluido un artículo para la educación militar y negado uno para la educación religiosa es discriminatorio. Los cánones dicen que el profesional de la carrera militar debe estar subordinado a la virtud civil y no al revés. La virtud civil debe estar en manos de ciudadanos civiles, porque el título de ciudadano emana de las leyes y no de la fuerza; la sociedad democrática requiere de una correlación de fuerzas para que haya gobernabilidad.

El mérito de Bolívar es doble, pues no solamente deslinda entre el hombre de las leyes y el hombre de la guerra, sino que deslinda entre ciencia política y ciencia militar; aspectos que para la época estaban íntimamente unidos por la influencia de Napoleón quien encarnaba la unidad de ambos poderes. Antes de la profesionalización de la ciencia militar, la misma persona podía estar simultáneamente representando ambos estados. Hoy por hoy es imposible, no sólo por razones de índole personal sino por razones de principios; "la intercambiabilidad entre el hombre de Estado y el soldado ha terminado definitivamente (...) un solo hombre no puede esperar ejercer ambas vocaciones". (Wavell citado por Huntintong, 1995: 27-28).

La búsqueda de la virtud civil no puede ser obligada, debe construirse lentamente con la educación del pueblo y el cultivo de los valores democráticos; no es por decreto o por imposición, como lo pretendió el jacobinismo al intentar imponer la virtud necesaria para crear al ciudadano de la sociedad democrática utilizando el terrorismo del Estado.


(*) Universidad Católica del Táchira