La decisión del gobernador Pablo Pérez de intervenir la Policía Regional es un acto responsable, valiente y riesgoso. Este reto se corresponde con una necesidad social, jurídica y política, en la cual el elemento legal como forma de asesoramiento permanente, no debe dejar canales abiertos para fundamentar opiniones y acciones que desvirtúen la medida tomada.

Decimos que es responsable y valiente porque tal posibilidad de intervención venía asomándose históricamente por anteriores gobernadores y veladamente existía una excusa que como especie de leyenda urbana, refería: ¿al expulsarlos qué pasará con tantos pillos en la calle? La respuesta es obvia: policía regional que resulte señalado por hechos delictivos o faltas administrativas debe sustanciársele el respectivo expediente, con todas las formalidades de ley, y remitirlos en forma inmediata al Ministerio Público para que éste junto al Poder Judicial y todo el sistema de justicia lleve los procesos. Hasta allí  llega la intervención.


Lo que no debemos pasar por alto es el alerta a la ciudadanía para denunciar al policía que incurra en delitos o faltas; la valentía gubernamental requiere solidaridad social, sin miedo y con decisión. El gran problema es la impunidad y en tal sentido el ciudadano Gobernador y su gabinete deben poner énfasis en el estricto asesoramiento legal y administrativo que deslinde el límite de su acción interventora con las actuaciones judiciales, que serán las que verdaderamente generarán las sanciones correspondientes.


Es de advertir que la intervención de la Policía Regional del estado Zulia debe ser el inicio de la depuración policial, no sólo de la PR; como hecho notorio se evidencian grandes y profundos hechos de corrupción en otros cuerpos policiales, incluso municipales y militares, que impúdicamente se silencian, sólo la PR es objeto de descalificación mediática, interesada políticamente. Al pan, pan…

Fuente: La Verdad