La critica situación de los servicios públicos en la Venezuela de hoy refleja la debilidad institucional que afronta el país. El mayor control del Estado sobre la prestación de servicios no parece ser la solución, tal como lo indican las cifras recientemente publicadas, en las que se observa, entre otros, graves problemas en la distribución de la energía eléctrica, que causan daños materiales e insatisfacción en los usuarios.

Consecuencia de la crisis de los servicios, a finales del siglo pasado varios países decidieron reformar, entre otros, el sector eléctrico, y facilitaron la inversión extranjera directa, ya fuese pública o privada.

Se introdujeron reformas legales a objeto de definir con claridad el papel del Estado en la formulación y aplicación de las normas para su operación, entre las que destacan la fijación de tarifas y estímulos a la participación privada en las distintas fases del negocio.

El objetivo era mejorar a corto y mediano plazo la calidad del servicio, revirtiendo, mediante la inversión y mejoras en la gestión, la insatisfacción de la población afectada.

De otro lado, en algunos países, para asegurar el éxito de las reformas, se hizo necesaria la intervención de las autoridades, a fin de mejorar los problemas derivados de la presencia de fuerzas insurgentes, responsables de la destrucción de la infraestructura, lo que impedía la prestación del servicio.

En Venezuela, al contrario, en esos años, y como resultado de la estabilidad política y de una gestión pública adecuada, se había logrado la operación de un sistema integrado por empresas públicas y privadas, algunas de ellas de vieja data, en las que la presencia del capital privado había facilitado la prestación de un servicio de calidad para núcleos urbanos importantes.

Su presencia complementaba los esfuerzos realizados por el sector público en la generación y distribución, y permitía, a costos razonables, una oferta confiable de electricidad para buena parte de la población.

La diferencia residía en el haber compartido como sociedad una visión a largo plazo, en la cual la energía jugaba un papel importante en el desarrollo económico y social, lo que facilitó la concepción y ejecución de planes, programas y proyectos que, al contar con el financiamiento y la capacidad de gestión, lograron satisfacer las necesidades derivadas de la expansión del aparato productivo y de la urbanización acelerada que caracterizó el siglo XX venezolano.

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Fuente: El Nacional