Con una nueva ley orgánica, inconstitucional a todas luces, que viola los valores de justicia, igualdad, responsabilidad social, ética, pluralismo político y democracia, entre otros, establecidos en la Constitución, se inicia un nuevo año escolar. Se quiere imponer a los venezolanos una educación basada en “Los principios humanísticos del socialismo bolivariano”, pretensión negada en diciembre de 2007. La ley contiene una visión totalitaria de la educación.

El Estado, concebido sólo como el Gobierno, se impone en forma abierta y caprichosa a la sociedad y la familia. El Gobierno en la ley todo lo puede y todo lo centraliza. Se nos impone una educación que aunque pregona ser laica, está fundamentada en una nueva religión de estado: la ideología “bolivariana” del siglo XXI. Con ello se desnaturaliza la misión pedagógica de la escuela, se le convierte en centro de formación política. Violando el artículo 59 de la Constitución, la formación religiosa se excluye de la escuela, como si no fuera más importante, por ejemplo, que la militar.

Se pone en peligro la autonomía universitaria, peligra el movimiento estudiantil universitario y la libertad de elegir carreras a nivel superior; se pretende controlar a los medios de comunicación por vía reglamentaria, se pone en peligro la carrera docente y la libertad en la formación universitaria de éstos. La ley no define ni tipifica a la educación privada e ignora el derecho de los particulares a crear instituciones educativas, excluye la posibilidad de que el Estado financie planteles privados de alta calidad como Fe y Alegría o las escuelas arquidiocesanas  en el Zulia; además, estamos en presencia de una ley que remite a numerosas leyes especiales y a reglamentos, aspectos básicos de la educación, que han debido ser materia de la ley orgánica. Mientras tanto, todo lo decidirá el ministro de Educación dentro de la mayor discrecionalidad o arbitrariedad.

Estamos pues, en presencia de una ley de Policía Educativa, sectaria, persecutoria e ideologizante, que lamentablemente dividirá aun más a la sociedad venezolana. Muy lejos estamos, entonces, de una ley que recoja las bases legales para conformar un sistema educativo que garantice una educación democrática, plural y de calidad para todos, que es la gran aspiración histórica del pueblo venezolano.

(*): Economista