Los problemas ambientales de Venezuela serán difíciles de confrontar mientras los tres ámbitos del poder territorial de gobierno no trabajen mancomunadamente para enfrentar unidos la debacle ambiental presente en el país a causa del accionar devastador humano. También seguirán existiendo si sólo se dedican al ejecútese de esos planes destinados a mitigar las emergencias y olvidan los planes de largo y mediano plazo capaces de resolver estructuralmente la carencia de agua, la contaminación de los suelos, del agua y de la atmósfera, entre otros. Planes que en realidad garanticen la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente, como los de educación, servicio, seguridad y salud. Una meta quizá imposible de alcanzar, por cuanto en teoría los gobiernos nacional, estadal y municipal concurren en el ejercicio de las competencias ambientales, pero en la práctica, es el Ejecutivo nacional el ente con el mayor poder sobre la materia, especialmente, en la definición de las políticas públicas y en el control de aquellas actividades capaces de degradar el ambiente realizadas por personas naturales, excepto las desarrolladas en las perimetrales urbanas, siempre y cuando no se realicen en las áreas bajo un régimen de protección especial, porque su control corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

Ante ese desconocimiento, la educación ambiental debe consolidarse como el arma cognitiva para crear y consolidar una conciencia ambientalista en los funcionarios públicos que administran el ambiente tanto en el poder central, como en el regional y local, con el objeto de que cuando la asuman por mandato legal o por vía de transferencia de competencia, desde el poder central hacia los estados y municipios, respeten el campo de acción de cada uno y no interfieran en el trabajo del otro para sobresalir políticamente. E igualmente, es preciso que entiendan el principio de subsudiaridad contemplado en la Carta Magna. Así, cada ámbito de poder puede ejercer efectivamente las competencias ambientales que les corresponde, sobre todo los municipios, pues constitucionalmente es el poder con mayor número de atribuciones ambientales, mientras los estados se encuentran limitados a la administración de los minerales no metálicos y piedras no preciosas.

Ante ese reto, es primordial el diseño y el ejecútese de programas educativos destinados a la formación de los funcionarios públicos centrales, estadales y municipales, en Descentralización de la Gestión municipales de Venezuela, con el propósito de que conozcan claramente las competencias que le corresponde ejercer a cada nivel de gobierno y de fortalecer al poder nacional en su función rectora de la política ambiental y avanzar en el necesario tratamiento intersectorial que exige la instrumentación de esa política.

La descentralización de la gestión ambiental, permite a cada gobernador y alcalde venezolano tener gobernabilidad sobre los problemas ambientales enclavados en el territorio que gobiernan y, por ende, actuar de inmediato frente a una situación emergente o dictar las medidas correctas para solventar de forma holística equis situación ambiental, que ameritan la intervención inmediata y no respuestas extemporáneas por parte de los funcionarios del poder central que administran el ambiental.

La conservación y el mantenimiento del lago de Maracaibo, por ejemplo, es una competencia del poder central, razón por la cual ni el gobernador ni los alcaldes del Zulia pudieron intervenir ni actuar para frenar el crecimiento y la expansión de la lemna la cual permanece en las aguas de ese reservorio de agua dulce, porque la máxima autoridad ambiental del país de aquel entonces (2004), no se percató de la gravedad de la situación y, por consiguiente, declaró al Zulia en emergencia cuando ya la llamada lenteja de agua tenía prácticamente invadido la cuenca, interrumpido la cadena trófica, reducido la pesca y producido una serie de enfermedades infecciosas en los pescadores y pobladores de las zonas circundantes y aledañas del lago, sobre todo, en los niños, los cuales casi siempre son las personas más vulnerables frente a los problemas provocados por los impactos a los ecosistemas. Es imperioso que tanto las autoridades ambientales, como el personal científico y técnico depongan sus intereses políticos y económicos y le permitan la real participación a las comunidades, porque al final son las personas que realmente sufren o padecen las consecuencias de las erradas políticas ambientales. Es necesario que desde la máxima autoridad ambiental hasta aquel obrero que labora en las distintas instancias que manejan la gestión ambiental tengan como aliado a la educación ambiental, en aras de que no profundicen los problemas ambientales ya existentes ni propicien la aparición de otros.

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(*) Periodista

Fuente: El  Carabobeño