La expansión del sistema educativo requiere de recursos, sin embargo, la nueva ley dificulta el financiamiento proveniente del sector privado.

Un sistema de calidad exige innovación en los esquemas propuestos para lograr no sólo la infraestructura y equipamiento requerido, en especial para la educación básica, en la que las falencias son evidentes, ya que las necesidades de la población afectada no son cubiertas por el sistema oficial.

Por lo tanto, las expectativas en cuanto a la inserción, permanencia, calidad y pertinencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje son muchas, y para su satisfacción se hace necesario la participación y el compromiso de los alumnos, maestros, profesores, padres, representantes y la comunidad en general.

Cuando se revisan las experiencias exitosas, los resultados indican la aplicación de una aproximación descentralizada destinada a reubicar funciones y tareas, al acercar la toma de decisiones al nivel local, lo que disminuye el peso burocrático del Gobierno central; la incorporación de recursos fiscales provenientes de diversas fuentes, mediante reformas que incluyen el cobro de impuestos locales, destinados a fortalecer el sistema educativo; la necesaria coordinación de los recursos dirigidos a ese fin, asignados en los presupuestos relacionados con actividades como alimentación, salud, infraestructura, formación profesional del magisterio, equipamiento o autorización de transferencias directas, mediante becas o subsidios monetarios dirigidos a las familias de bajos ingresos o a las contribuciones a instituciones privadas que ejercen con propiedad tareas relevantes y bien evaluadas en áreas urbanas o rurales desatendidas.

Así, al sumar recursos, los aportes directos de padres, representantes y sociedad civil interesada multiplican los recursos públicos destinados a mejorar la transferencia de conocimientos y la formación de los ciudadanos.

De esta manera la sociedad como un todo contribuye a que la educación cumpla con uno de sus objetivos fundamentales: garantizar a sus participantes la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo y, lo más importante, su permanencia, al contar con una formación sólida producto de un sistema eficiente capaz de trasmitir no sólo conocimientos actualizados sino actitudes y valores asociados a una cultura del trabajo, clave para avanzar en la ruta de la productividad y eficiencia de la fuerza de trabajo.

Parece, por lo tanto, que en vez de sumar la nueva ley resta recursos y oportunidades.

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