Una ley inconstitucional
Escrito por Simón García   
Martes, 18 de Agosto de 2009 08:20

altEl país lo sabe. Padres y representantes, primeros guías del aprendizaje, pueden testimoniarlo. Los docentes de aula, las organizaciones de la enseñanza, las Universidades, los distintos centros de investigación, las Academias pueden confirmarlo: la ley se aprobó sin consulta ni discusión. Para simular acatamiento al artículo 211 de la Constitución se montaron excluyentes  asambleas de maletín. Pisoteada y en el suelo quedó la norma y la gente.  


Lo peor de una reforma educativa es imponerla a quienes van a aplicarla e incluso a sus supuestos beneficiarios. Este vicio burocrático de cocinar desde arriba lo que se tienen que tragar los de abajo fue perpetrado entre gas del bueno y una aprobación ciertamente entre gallos y oscuridad. La ley, tanto en su formulación como en su contenido, es un monumento al centralismo. Dos personas dirigirán la educación de un país. Una clara violación al artículo 4 de la Constitución Nacional sobre la naturaleza descentralizada del Estado.


¿Qué futuro puede tener una ley hecha pensando en tomar la educación desde adentro, para perpetuarse en el poder? Su afrenta al docente es inadmisible. El abuso adelantado al  condicionar la discusión de la contratación colectiva a la subordinación política de los sindicatos, federaciones y Colegios profesionales, violando el artículo 96 de la Constitución Nacional, es una ínfima muestra de lo que se prepara.


El ejercicio de una de las vocaciones humanas más dignas, aquella que cultiva el amor por el saber, se desnaturaliza al consagrar legalmente como sujetos educativos a toda clase de organizaciones comunitarias que carecen de capacidades y solvencias para el proceder pedagógico.  Para peor  degradación al absurdo, el ordinal 2 del Artículo 5 de la Ley confiere a esa “contraloría social” injerencia sobre el ingreso, permanencia, ascenso y desempeño en el ejercicio de la profesión docente. ¿Puede concebirse una agresión mayor contra una profesión ya suficientemente desvalorizada y subpagada?  

   
El artículo 104 de la Constitución Nacional establece categóricamente que " El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo serán establecidos por la Ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica". ¿Se necesitan más evidencias sobre la perversión de este invento gubernamental de darle apariencia legal a las violaciones de la Constitución Nacional ? 


¿Qué hacer con una Ley que ella misma no es solidaria, ni democrática, ni plural, ni avanzada y menos revolucionaria? Triste producto de un legislador amarrado que, por un lado, proclama el valor de la educación pública, y por el otro inscribe a sus hijos en Escuelas privadas. 


¿Qué actitud tener ante una ley cuyo norte no es la libertad, la justicia o el aprender a vivir juntos  sino adoctrinar a los escolares con miras a un modelo de sociedad que ya el pueblo rechazó?


Queda la protesta activa en todos los espacios posibles y las distintas formas de desobediencia pedagógica en la Escuela. Queda la defensa de la Constitución para abrogar este puente hacia la sociedad totalitaria.

No hay otra opción.


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Última actualización el Martes, 18 de Agosto de 2009 08:24
 
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