Entre quienes nos dedicamos con cierta disciplina y constancia al análisis del entorno político circulan varias preguntas difíciles de responder con precisión.

¿El Tribunal Supremo de Justicia declarará ilegal la Primaria de la oposición porque la Comisión Nacional decidió organizar esa consulta sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral? Decisión por demás inevitable porque el organismo electoral fue disuelto por la presión del PSUV. ¿Cuándo será ilegalizada la Primaria: antes, durante o después de concluido el proceso? ¿Cuándo será inhabilitada María Corina Machado, la líder en las encuestas: antes de que tome fuerza la campaña, cuando el proceso se encuentre en su fase culminante o después de concluir la cruzada? ¿Henrique Capriles será habilitado? De ser favorecido, ¿cuándo se anunciará? ¿Ocurrirá en la fase final, poco antes del próximo 22 de octubre, para dar una imagen de amplitud, pero en el momento en el cual Capriles no tenga ningún chance de remontar la cuesta? ¿Cómo podría evitarse que el régimen opte por emprender el mismo camino de Daniel Ortega en Nicaragua, y convierta las elecciones presidenciales en un traje a la medida de sus caprichos y deseos de permanecer en el poder, pero con el brochazo de legitimidad que le darían sus aliados internos? 

 Estas y otras interrogantes del mismo calibre que giran en el ambiente no son producto de la paranoia o temores injustificados de la oposición. Resultan preocupaciones fundadas en declaraciones, amenazas e iniciativas de figuras fundamentales del régimen o de los impostores, ‘alacranes’, que actúan como mercenarios encargados del  trabajo sucio. Los pronunciamientos de esos agentes se han intensificado durante los días recientes. Hace poco, José Brito, diputado por Venezuela Primero (el desprendimiento de Primero Justicia judicializado), se dirigió al Contralor General para solicitarle que aclarara si María Corina estaba o no inhabilitada. ¿A cuenta de qué planteó esa pregunta tan capciosa y mal intencionada? ¿Acaso María Corina ha ocupado algún cargo público? Desde luego que espera una respuesta positiva. Se sentiría inmensamente satisfecho de que el Contralor le responda con un categórico Sí. Otros personajes del madurismo, como Herman Escarrá y Diosdado Cabello, han dicho en repetidas oportunidades que quienes se hayan mostrado a favor de la aplicación de sanciones internacionales contra Venezuela, deben quedar excluidos de toda forma  de participación política.  La destinataria de esos dardos envenenados es María Corina. Aunque en realidad, la mayoría de los candidatos de la Primaria se encuentran en la mira del régimen. 

El desafío clave es cómo evitar que los designios del régimen se cumplan y Nicolás Maduro termine siendo una fotocopia de Ortega. La inquietud no es fácil de disipar. El Gobierno y el PSUV mantienen bajo su control todas las instituciones del Estado. Hasta ahora no ha habido ni asomo de una manifestación por parte de la cúpula militar en la cual se señale que la oposición tiene el derecho constitucional de elegir en una consulta popular a su candidato presidencial. Al contrario, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López cada vez que tiene la oportunidad insiste en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está guiada por el pensamiento de Bolívar y Chávez. Así mismo. Con lo cual quiere dejar en claro que su compromiso, el menos público, es con el régimen y no con la Constitución y la democracia.

Entonces, qué hacer en medio de este cuadro tan complicado. Veo iniciativas en dos planos. En el interno, la oposición agrupada en torno de la Comisión Nacional de Primaria, es decir, la que postuló candidatos y está adelantando la campaña proselitista por todo el país, tendría que mantenerse cohesionada alrededor del propósito de materializar esa empresa y lograr que los aspirantes muestren solidaridad entre ellos, a pesar de las diferencias programáticas que los diferencian y separan. Si la Primaria, como desea Diosdado Cabello, se convierte en un caos donde los aspirantes libran una batalla sin cuartel, en vez de contribuir a la unidad opositora, terminará por debilitarla aún más de lo que ya se encuentra, y el Gobierno la utilizará para sembrar cizaña y crear más recelos y sospechas.

En el plano internacional, todos los candidatos que  participan en la Primaria tendrían que dirigirse a distintos foros democráticos para advertir de los peligros que corre el derecho de los venezolanos a elegir de forma democrática al candidato opositor y que se respete su decisión. Su desconocimiento viola la Constitución de 1999, aprobada por la mayoría de quienes en la actualidad se encuentran al frente de los organismos del Estado. Los presidentes democráticos de América Latina, de la Unión Europea y otras regiones del planeta, y los partidos democráticos del mundo podrían pronunciarse a favor de que el Gobierno acepte la voluntad de los venezolanos que desean elegir un candidato presidencial por la vía del voto popular. Conviene una atmósfera internacional favorable.

Lo más seguro es que en el análisis del tema aparezcan otras imitativas. Lo fundamental reside en que los aspirantes opositores tomen conciencia de la urgencia de actuar simultáneamente de forma coordinada en varios niveles.