El impuesto “malandro”: un Problema de tragedia de los anticomunes
Escrito por Enrique González Porras   
Jueves, 12 de Agosto de 2021 00:00

altAlgunos analistas políticos y juristas han denunciado la desaparición del estado de derecho en el país y la pérdida de gobernabilidad.

En materia económica es de esperar que una situación como la denunciada tenga incidencia negativa en el ambiente en el cual se desarrollan los negocios y las actividades económicas.

La falta de instituciones de check and balance y la ausencia independencia de poderes que permitan contrapesos e instancias superiores donde deprimir conflicto de abuso de poder en contra de los particulares aunado a una visión corporativista del estado y el poder, pueden desencadenar en un problema denominado Tragedia de los Anticomunes. La ausencia de un criterio de Estado Benevolente que procura la máxima felicidad de sus nacionales y que en materia económica persigue maximizar el Bienestar Social o el Interés Económico General, facilita que las parcelas de poder actúen con cierta independencia en beneficio de interés propios o particulares.

En materia económica el denominado impuesto “malandro” constituye una manifestación de esta realidad así como el mercado negro del combustible (mercado informal que producto de “alargar” artificialmente el mercado en búsqueda de rentas de escasez generan un problema de doble-marginalización o sucesivos márgenes sobre precios en detrimento de los consumidores finales, sean estos transportistas con incidencia en la formación de precios de productos o sean particulares que requieren el combustible para sus traslados personales o profesionales).

El caso del impuesto “malandro”, constituye por excelencia un problema de Tragedia de los Comunes, que en economía se encuentra referido a la destrucción de eficiencia que se presenta en los mercados producto del exceso de “propiedad” o en el caso que nos ocupa el exceso de acciones expoliadoras por parte de las distintas alcabalas a lo largo de una ruta de traslado de productos para finalmente ser comercializados al consumidor final.

Cada alcabala que exige un pago o reclama una parte de la mercancía transportada constituye un costo o una especie de “impuesto arbitrario” o “malandro” que incide por un lado en el precio final del producto en la medida que exista capacidad de traslado hacia el precio final de dichos costos y por el otro lado, por el hecho de llegar una menor oferta de productos se determinará un precio superior dada una demanda dada. La acumulación de dichos costos y las acciones sucesivas de alcabalas a lo largo de una misma ruta, constituyen una pérdida de “gobernanza” o de derechos de propiedad de los productores y oferentes sobre sus productos, que en adelante son expropiados, cuando menos parcial y sucesivamente, por cada alcabala que merma el beneficio de los empresarios e inciden al alza en los precios finales (conjuntamente ambos efectos dependiendo de la elasticidad de la demanda y de la oferta y en consecuencia la “incidencia tributaria” de dicho “impuesto malandro”). En un extremo, terminará por sepultarse cualquier posibilidad e incentivos de crear bienestar a través de actividades en el sector agrícola y su cadena de valor. La falta de estado de derecho y la ausencia de coordinación por parte de un estado benevolente puede terminar por exigir sucesiva y anticipadamente un valor superior al del producto en el mercado, por lo que la oferta puede colapsar a cero.

El sociólogo Alexander Campos habría sostenido, según reproducen medios de comunicación nacionales, que los comerciantes regularmente encuestados por el OVF (Observarorio Venezolano de Finanzas) se preguntan cuánto habrá que pagar en coimas por alcabalas para traer un producto hasta Caracas, y cuál es el costo real del combustible que se necesita para movilizar los alimentos.

“Creemos que tendría un fuerte impacto”, habría señalado el sociólogo, quien aseguró que es necesario desarrollar un marco metodológico para calcular este componente inflacionario, porque entre Mérida y Caracas, por ejemplo, hay más de 30 alcabalas y en cada una los transportistas «tienen que dejar algo».

Si bien, la incidencia de dicho “impuesto” es sobre el nivel de precios más que sobre su proceso de ajuste intertemporal, no deja de ser menos cierto que la tragedia de los comunes que representa un estado donde se replican las acciones expoliadoras al amparo del poder, resulta una destrucción pura de bienestar de todos los venezolanos.

 

 


blog comments powered by Disqus
 
OpinionyNoticias.com no se hace responsable por las aseveraciones que realicen nuestros columnistas en los artículos de opinión.
Estos conceptos son de la exclusiva responsabilidad del autor.


Videos



opiniónynoticias.com