Durante el mes de abril de 2021,  la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde),

efectuó 1.850 fiscalizaciones en el territorio nacional y ajustó precios en 1.429 comercios infractores de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) dedicados al expendio de alimentos y medicinas.

Lo anterior no acompaña el relato de propios y ajenos que aseguran que Venezuela se encuentra en medio de un proceso de liberalización económica, de reinstitucionalización, de apertura económica a la inversión, y en medio, incluso, de un “capitalismo salvaje” (?).

Al respecto, vale destacar que una situación de “estado de la naturaleza” no tiene porque confundirse con capitalismo, por el contrario.

Más allá, el actual ordenamiento normativo venezolano, su doctrina y jurisprudencia en materia de comercio interno, ha desdibujado, justamente, aquellas instituciones y principios del capitalismo como son los derechos de propiedad, la posibilidad de mejoras paretianas producto del libre intercambio entre particulares, y los incentivos para la generación de riqueza y bienestar.

Una “hiperinflación regulatoria” en materia de comercio y de los mercados, con numerosos institutos jurídicos y tipicidades de supuestos ilícitos vacíos de contenido e incluso errados y arbitrarios, representan enormes riesgos regulatorios que en la práctica han resultado confiscatorios y que hacen de los derechos económicos, las libertades económicas y especialmente de los derechos de propiedad privada una concesión graciosa del gobierno.

1.429 ajustes de precios en un mes, sin que haya mediado un debido procedimiento administrativo que además de resguardar el derecho a la defensa y a la propiedad, motivara la acción pública, la medida de dejar de hacer, o las sanciones impuestas por medio de una decisión firme y justificada; no es sino un despropósito en detrimento de los círculos virtuosos generadores de bienestar social en los mercados potencialmente competitivos o competitivos.

Pensar por un lado que en una economía con una moneda y una demanda en promedio depauperada por la hiperinflación las empresas poseen margen y poder de mercado para descremarlo, y por el otro lado que en 1.429 mercados producto se explota un poder significativo de mercado o se despliegan conductas abusivas explotativas; debería exigir un examen sobre las acciones regulatorias y administrativas (si no sobre aquellas acciones de hecho).

La inexistencia de límites a las acciones públicas/regulatorias del Estado no constituye una característica del capitalismo. La falta de justificación de la intervención del Estado y el Gobierno sobre el ámbito económico privado debido a la existencia de fallas de mercado persistentes en detrimento del interés económico general y ante la posibilidad cierta de un diseño de política pública o regulatoria que cuando menos represente un second best no constituye una característica del capitalismo.

La obtención de prebendas gubernamentales y de ventajas artificialmente creadas por acciones gubernamentales arbitrarias e interesadas, suele ser producto de la captura del regulador o del uso “corporativista” y/o corrupto del poder. Los pensadores liberales, defensores del capitalismo, advierten justamente estos riesgos a los que están expuestas las instituciones del Estado.