En la Venezuela de los últimos veinticinco años siempre es posible toparse con sorpresas desconcertantes.

La última la dio el Gobierno en Barbados hace pocos días: se reunió con la oposición en presencia del Reino de Noruega y representantes de otros países para suscribir un pacto en el que, en realidad, se transcriben casi literalmente los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), acerca del compromiso del Estado de respetar los derechos democráticos de las organizaciones y dirigentes políticos, así como de su obligación de velar por el resguardo del derecho de los venezolanos a participar, sin ninguna clase de coacciones o restricciones, en los procesos electorales, esenciales para la conformación de los Poderes públicos en una democracia republicana. 

En Barbados la oposición tuvo que suscribir un acuerdo que subraya lo obvio. Lo que nunca debió haberse puesto en tela de juicio. Pero así son las cosas con la gente que ha dirigido el país desde 1999. No mucho más puede esperarse de un régimen que pretende convocar un referendo para preguntarle a la gente si el territorio en disputa con Guyana pertenece o no a Venezuela.  

Del Acuerdo importa destacar que la única oposición reconocida por Nicolás Maduro y demás jerarcas del régimen es la agrupada en torno a la Plataforma Unitaria. Todas las demás ‘oposiciones’, como les gusta decir a Maduro y su entorno, quedaron relegadas. No cuentan con la aceptación real del Gobierno ni de los factores internacionales en los cuales este se apoyó para retomar el Memorando de Entendimiento firmado en México hace ya bastante tiempo. Este reconocimiento despeja y simplifica el panorama dentro del campo opositor. Precisa los contornos de dos interlocutores claramente definidos: el Gobierno, por un lado; y la PU, por el otro. 

Queda claro también que, a pesar de que Maduro y su gente parecieran haberse acostumbrado a sobrevivir con las sanciones internacionales, estas ejercen un enorme peso, causan grandes preocupaciones y provocan déficits que no pueden ser cubiertos por el auxilio económico de China e Irán. Nicolás Maduro necesita dotarse de una fuente segura y estable de recursos para proveerse de mayor autonomía financiera. Requiere exhibir resultados concretos para la próxima campaña electoral. Estos solo podrán lograrse si dispone de más dinero proveniente de la actividad petrolera y gasífera, atadas ambas a los designios de Estados Unidos. Aquí se produce una conjunción muy sólida de intereses: la Casa Blanca necesita el crudo venezolano y acercar al régimen de Maduro a este lado del planeta, alejándolo del área de influencia de China, Rusia e Irán; y Miraflores requiere que la industria petrolera crezca de nuevo para que los petrodólares vuelvan circular en ingentes cantidades, especialmente durante la venidera campaña electoral.

La Primaria se preservó como método de selección del candidato unitario. Se disiparon las dudas y sospechas que hacían temer por su realización. El régimen se comprometió a no liquidarla introduciendo a última hora un recurso ante el Tribunal Supremo que la anulara.

Todos estos componentes constituyen aspectos positivos del Acuerdo. Avances con relación a un acercamiento entre la oposición y el Gobierno que estaba congelado y parecía haberse esfumado para siempre. Junto a estos signos claramente afirmativos, existen otros que quedaron flotando en las nebulosas y solo el tiempo dirá si podrán alcanzarse. El más importante es el de la inhabilitación de María Corina, la única aspirante inhabilitada que compite en la Primaria y que, de acuerdo con todas las encuestas, será la ganadora de esa consulta. María Corina es como una especie de kryptonita para el régimen. No quiere acercarse a ella, pues la líder de Vente Venezuela ha logrado captar y potenciar el descontento popular como ninguna otra figura política nacional. Es la dirigente más apreciada y respetada por los venezolanos. En cualquier competencia libre y equilibrada, tal como señala el Acuerdo Parcial, le ganaría a Maduro. Hablar sin eufemismos de ‘inhabilitados’ es referirse a María Corina.  Por eso entiendo que el tema no haya sido incluido en el documento final. Después de la Primaria, vendrá una dura batalla para hacer valer frente a los organismos del Estado madurista su legitimidad como aspirante a la presidencia de la República. Ese será otro ciclo de exigencias, negociaciones y conquistas.

También quedó por precisar el delicado tema de los presos políticos y los derechos humanos, área donde el régimen ha recibido una verdadera felpa desde hace bastante tiempo, tanto en Naciones Unidas como en la Corte Interamericana. Este será, desde luego, uno de los capítulos que habrá que abordar en las nuevas rondas de negociaciones. 

El   Acuerdo Parcial quedó inconcluso, sin duda alguna, pero, hasta nuevo aviso, hay que apoyarlo por completo. Gerardo Blyde y su equipo se han ganado ese respaldo.  Veremos qué pasa el próximo domingo en la Primaria. Los invito a votar.