Fiscal de la Corte Penal Internacional solicita formalmente continuar con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela |
Escrito por Cepaz |
Jueves, 03 de Noviembre de 2022 08:47 |
El 1 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, hizo pública su decisión de solicitar formalmente autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la investigación de la situación de Venezuela I. Como fundamento de su decisión, la Fiscalía consideró que el gobierno venezolano no ha demostrado adecuadamente a la luz de las normas que rigen el sistema de la Corte que se estén investigando a nivel nacional los posibles crímenes de lesa humanidad que entrarían en la competencia de la CPI. Este pronunciamiento se produce casi siete meses después de que el gobierno venezolano solicitara a la Fiscalía de la CPI aplazar la investigación en virtud del artículo 18, numeral 2 del Estatuto de Roma, alegando que estaban realizando investigaciones y enjuiciamientos genuinos a nivel interno. Las conclusiones que se encuentran desarrolladas en el escrito recuerdan los importantes retos que tienen las víctimas y la sociedad venezolana en la búsqueda de justicia y reparación. Cualquier mecanismo que busque generar soluciones políticas a la crisis venezolana tiene que incluir necesariamente la voz de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en país y generar las condiciones para un sistema de justicia independiente e imparcial, sin el cual no es posible construir una paz sostenible que asegure su no repetición.
El Fiscal determinó que, aunque el gobierno afirma haber iniciado 893 investigaciones a nivel nacional, al menos 78.39% de éstas no pueden ser consideradas por investigaciones en progreso. La mayoría las investigaciones (67.86%) se encuentran en fase preliminar aunque los hechos ocurrieron en 2017. Mientras que en otras, si bien se abrieron investigaciones después de los hechos, han estado inactivas hasta la fecha. Algunos casos (26.65%) también fueron sobreseídos sin que se realizara ninguna investigación. Aunado a esto, en gran parte de las investigaciones no se ha cumplido con el deber de investigar en un plazo razonable y algunas fueron solo iniciadas o reactivadas en el 2021 y 2022 después de que la Fiscalía de la Corte solicitara información al Estado.
Durante el examen preliminar, la Fiscalía de la CPI había concluido que existían motivos razonables para creer que los diversos crímenes cometidos en Venezuela al menos desde el 2017, incluyendo tortura, persecución, detenciones arbitrarias y violencia sexual, eran parte de un ataque generalizado o sistemático cometido por autoridades nacionales y particulares (colectivos) con el apoyo de éstas. Sin embargo, estos elementos contextuales que hace de estos delitos específicos crímenes de lesa humanidad no han sido tomados en consideración ni investigados por el Estado venezolano. Por el contrario, el gobierno ha negado la existencia de un política y ha tratado los pocos casos bajo investigación como hechos aislados.
Las pocas investigaciones que se han llevado a cabo a nivel nacional, han sido o están siendo conducidas con el propósito de sustraer a los posibles implicados de su responsabilidad penal. La Fiscalía advirtió también que las autoridades nacionales se abstuvieron de realizar investigaciones de un gran numero de denuncias de tortura y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Como ejemplo de esto, la Fiscalía mencionó que en casos en los cuales tanto su oficina como la Misión de Determinación de los Hechos constataron la existencia de posibles hechos de tortura, la investigación nacional se ha realizado solo por ofensas menores.
La información enviada por el gobierno venezolano muestra solo algunos casos contra perpetradores directos y funcionarios de muy bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado. En estos casos no se han tomado acciones en la investigación para poder determinar la responsabilidad de los superiores en centros de detención en donde sus subordinados cometieron actos de tortura ni de personas en puestos de autoridad cuyos funcionarios han cometidos crímenes de forma sistemática. La Fiscalía afirma que esto contrasta con lo encontrado por diversos organismos internacionales, incluyendo la Misión de Determinación, de acuerdo a la cual autoridades de alto nivel del SEBIN y la DGCIM cometieron, ordenaron o contribuyeron a estos crímenes sin tomar ninguna acción para detenerlos o sancionarlos.
En el escrito el Fiscal realiza un análisis detallado del sistema judicial venezolano e identifica problemas estructurales que imposibilitan la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales y cómo esto ha afectado la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, incluyendo el procedimiento para nombrar y seleccionar jueces, la provisionalidad de los mismos y patrones de intimidación y acoso.
Aunque la Fiscalía reconoce ciertas reformas tales como la restructuración de la PNB, el traslado de detenidos en los centros de reclusión del SEBIN y la DGCIM a otros centros de detención, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la prohibición de juzgamiento de civiles por tribunales militares, afirma que estas no han sido implementadas en su totalidad o han sido interpretadas de forma tal que no representan un cambio real en el sistema nacional.
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