Hace unos días leímos y escuchamos los argumentos de por qué el país se convulsiona. El sustento principal del gobierno es que somos víctimas de la injerencia de países como Venezuela y Bolivia, con la intención de detener nuestro progreso y desarrollo. Analizando un par de datos fundamentales, concluyo que hay dos razones de peso que apuntan en otra dirección para explicar la escalada de protestas y violencia en el país.

La primera se refiere al índice de pobreza (cuadro 1). Vemos que la reducción de la pobreza ha sido relevante en el período 1994-2008, lo que indica que la dirección económica es la correcta y que, por tanto, el país es hoy más viable que hace 14 años.

Sin embargo, 36% de pobres significa que más de 10 millones de peruanos no son “afectados” por el proceso de modernización, competitividad y crecimiento. Hay 10 millones de peruanos que cada vez que escuchan o leen que el país progresa, se moderniza o avanza, se preguntan: ¿y a mí cuando me llegará eso? o ¿por qué yo y mi familia no progresamos, nos modernizamos o avanzamos?

Cuando uno analiza la situación dentro de cada departamento, las cifras son escalofriantes (cuadro 2). Vemos cómo el promedio nos esconde un drama de enormes proporciones. Existen 10 departamentos cuya pobreza se sitúa entre 49,8% y 82,1%, es decir, 82 de cada 100 pobladores de Huancavelica son pobres o pobres extremos. Esto es insostenible y no tiene que ver con ningún tipo de injerencia extranjera, sino con la indiferencia monumental de un Estado incapaz, insensible e indiferente de reconocer esa realidad.

Realidad que, por cierto, no es fruto de hoy sino de siempre. Si correlacionamos las cifras anteriores con las de los conflictos por departamento, vemos que casi 50% de los conflictos se están dando en esas 10 zonas del país donde la presencia del Estado es nula y la miseria de los pobladores, total (cuadro 3). No reconocer esta realidad es un error grave.

Visto lo anterior, la primera sugerencia para los próximos 10 o 12 meses es que el Estado escuche, dialogue, priorice las necesidades de estas zonas y emprenda un plan serio, responsable y de largo plazo que los saque de la miseria en la que se encuentran hoy, o que por lo menos les dé la esperanza real de que sus hijos saldrán de la miseria y no pasarán las penurias que ellos viven a diario. El segundo aspecto que explica la convulsión es el mal manejo de la comunicación pública, tanto en el proceso de comunicar los logros del gobierno como –y sobre todo– en el referido a las reformas que se intenta llevar a cabo.

En ambos casos, la sugerencia de corto plazo es comunicar los logros pero reconociendo que hay muchos pobladores no incluidos en ellos; por tanto, además de comunicar el logro hay que comunicar que en un plazo determinado nuevas poblaciones se incorporarán al beneficio. Con respecto a las reformas, las comunicaciones deben ser claras, precisas y contundentes en enfatizar sus beneficios para los grupos objetivo de interés, pero a la vez deben poder detectar rápidamente las barreras naturales y/o forzadas que surgirán, a fin de crear nuevas piezas de comunicación que se encarguen de desvanecerlas. En el pasado ya se ha demostrado, con el cierre de la Ley 20530 o el cambio del rechazo a una aprobación mayoritaria del TLC con Estados Unidos, que esto es perfectamente factible de desarrollar mediante una estrategia de comunicación seria, ágil, veraz y coordinada. Más allá de imaginar molinos de viento, el gobierno debería ser capaz de reconocer estos dos aspectos claves y concretos, y trabajar con los mejores recursos disponibles para iniciar el camino de solución definitiva y enterrar de una buena vez cualquier proceso que aspire a cambiar el rumbo que el país ha elegido.

Fuente: Poder 360