Vergüenza internacional
Escrito por Antonio Rodríguez Yturbe   
Miércoles, 08 de Julio de 2009 16:05

altHace ya 61 años que nació la Organización de Estados Americanos. El 30 de Abril de 1948, se reunieron en Bogotá 21 países –hoy la conforman 35- del hemisferio, con ocasión de la IX Conferencia Panamericana para adoptar su Carta. Fue un momento histórico convulsionado; pocos días antes –el 9 de abril- caía asesinado en las calles del centro de la capital colombiana, Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal, que trajo como consecuencia inmediata aquella tremenda explosión popular conocida como “El Bogotazo”, que incendió Colombia y fue el comienzo de una espiral de violencia en el hermano país, que aún hoy sacude sus entrañas Origen
Hace ya 61 años que nació la Organización de Estados Americanos. El 30 de Abril de 1948, se reunieron en Bogotá 21 países –hoy la conforman 35- del hemisferio, con ocasión de la IX Conferencia Panamericana para adoptar su Carta. Fue un momento histórico convulsionado; pocos días antes –el 9 de abril- caía asesinado en las calles del centro de la capital colombiana, Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal, que trajo como consecuencia inmediata aquella tremenda explosión popular conocida como “El Bogotazo”, que incendió Colombia y fue el comienzo de una espiral de violencia en el hermano país, que aún hoy sacude sus entrañas.

La OEA nace, teniendo como base de su naturaleza, tal como contempla el artículo 2 de la Carta, el afianzamiento de la paz y la seguridad del continente, la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; respetar y hacer respetar el principio de la soberanía y procurar la solución pacífica de controversias entre los Estados miembros. 

Legalidad e Ilegitimidad
61 años después de ese pronunciamiento, así como de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que antecede por 8 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos hoy asistiendo a la ópera bufa de la denigrante vulneración de sus principios y propósitos, por una comparsa de Carujos septembrinos, representados principalmente por los jefes de estado de Venezuela, Nicaragua, la oprobiosa y longeva dictadura de los hermanos Castro, la triste y servil sumisión a los anteriores, de un presidente boliviano que es solamente el triste eco de los petrodólares de su mentor barinés, la caricatura de un presidente ecuatoriano que no dudó un instante en formar parte en 2005 del gabinete de un Presidente, que ocupó el puesto del entonces depuesto Lucio Gutiérrez en prácticamente idènticas condiciones a las acontecidas en Honduras, como trampolín para su ascenso posterior al poder, la ligereza populista de una Presidenta de Argentina, a quien su país ya empezó a cobrarle políticamente su desempeño, y la aparente víctima de este drama, no centroamericano sino de todo el continente, el depuesto presidente de Honduras, José Miguel Zelaya. Y llevado de la mano por todos ellos, irrespetando el mandato a que lo obliga la Carta de la Organización, para promover el diálogo y la armonía entre los pueblos americanos, actuando como un miembro más de esa incongruente comparsa, José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA.

Estamos ante un teatro del absurdo. Aunque no creo que Ionesco se sentiría complacido. Un pequeño, pobre y digno país centroamericano, que merece todo nuestro respeto como cualquier otro país del mundo, acuerda destituir a un Presidente que -de conformidad con las máximas autoridades de la justicia de ese país, corroborado el dictamen por todas las instancias políticas y jurídicas, que el pueblo hondureño libremente se dio-,  violó en repetidas ocasiones la Constitución que juró defender y acatar.

No se trata en consecuencia de una violación del estado de derecho, sino de la restitución del mismo. La legitimidad de un gobernante, no la otorga simplemente su elección libre y democrática. Ese es el primer y esencial paso para confiarle el mandato del pueblo. El presidente es elegido por el pueblo y en consecuencia, el primer servidor de la ley. Pero lo que hay que tener muy claro, y más aun en la primera década de un nuevo siglo, es que la sociedad internacional no puede seguirse sosteniendo con base a parámetros que durante muchos años permitieron los abusos y las atrocidades gubernamentales más flagrantes, y la permanencia inalterable e ilegìtima de gobernantes que se convirtieron en tiranos, dictadores y genocidas internacionales.

La historia de los últimos 80 años, tiene abundancia de ejemplos. Nos basta con citar a unos pocos pero muy representativos: Benito Mussolini llegó al poder en Italia legalmente y se erigió en uno de los más terribles dictadores que ha tenido la pasada centuria. Y sin embargo, es bueno recordar que personajes del escenario mundial tan extraordinarios y diferentes como Churchill y Mahatma Gandi, lo consideraron en un momento, el hombre que Italia requería para restaurar el orden y la autoridad. Adolfo Hitler consiguió ser el Führer de Alemania con un porcentaje inusitado de la votación popular, obteniendo el 12 de noviembre de 1933, el 92,2% del caudal electoral. Y para el momento de su muerte, cargaba sobre sus espaldas el asesinato de un mínimo de 17 millones de seres humanos, entre los cuales se contaban 6 millones de judíos que, para citar un Informe que el 23 de Marzo de 1943, el Inspector de Estadística del Reichsführer de las SS, enviaba al Secretario de Himmler: “Cuando se produjo en 1933 la toma del poder,  el número de judíos en Europa era de 10 millones. Esa cifra ha ido descendiendo a la mitad. El descenso de unos 4 millones se debe a la influencia alemana.” Ni hablar del “padrecito” Stalin, como lo llamó Neruda en su Canto General, cuya “paterna” acción gubernamental ocasionó la muerte de más de 20 millones de seres humanos, con sus purgas, sus hambrunas forzadas, su paranoia persecutoria, su dictadura del proletariado y otra serie de “eficaces políticas” para levantar al “hombre nuevo”.

Reconocimiento de gobiernos y gobiernos de facto
Durante la década de 1960, imperó en Venezuela, en materia de Reconocimiento de gobiernos de facto, la doctrina Betancourt, variante extrema de la doctrina de la Legalidad o doctrina Tobar, según la cual, Venezuela no reconocía a gobierno alguno sobrevenido por causas violentas o no democráticas. Esta posición ocasionó nuestro aislamiento de la región, pues la mayoría de los paises latinoamericanos, estaban conformados por gobiernos de facto. Lo que si no ocasionó fue respuesta enérgica, y menos aún, sanciones, por parte de la OEA a tales gobiernos. La doctrina Betancourt cae en el olvido a partir de la decada de los 70, y desde entonces impera en el Derecho Internacional Público el principio de la Efectividad , es decir, si el nuevo gobierno, tiene el apoyo de la población y ejerce las funciones de gobierno, debería proceder el reconocimiento, atendiendo al caso concreto. Otros países como Mexico, siguieron la doctrina Estrada, que consistía  en mantener o retirar a sus embajadores de los países que se encontraran en esa situación. Aunque de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y la legislación internacional, el Reconocimiento de gobiernos de facto es un acto discrecional, que no incide sobre la personalidad jurídica internacional del país ni sobre los actos del gobierno, la negativa de reconocimiento, conlleva limitaciones reales en la capacidad de actuación en el escenario internacional.

Cabe entonces la pregunta: El gobierno de Roberto Micheletti, ¿es o no un gobierno de facto? Despues de lo explayado previamente, podría quizàs afirmarse que la pregunta se convierte en un academicismo. No es así. Porque sirve para dejar sentado que la calificación de gobierno de facto NO ES APLICABLE al actual gobierno en ejercicio del poder en Honduras.

En primer lugar, hay carencia del elemento más básico para calificar a un gobierno DE FACTO: la insurgencia armada. Pudiera alegarse torpeza en la detención del depuesto presidente Zelaya, y trato no cónsono con la investidura que hasta ese momento estuvo revestido. Investidura de la que fue inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras en  aplicación de la Constitución y con el acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso de su país, conformado por el pluralismo representativo de todas las organizaciones políticas, incluìdo su propio partido.

En segundo término, no gobierna a Honduras en estos momentos persona, ni cuerpo militar alguno, sino un gobierno totalmente civil, cuya jefatura, siguiendo literalmente a la Constitución hondureña, le corresponde al presidente del Congreso, en ausencia del presidente y/o vicepresidente de la República, como es el caso, y como idénticamente ocurriò en Ecuador en 2005.

En tercer término, el nuevo gobierno hondureño, ha enfatizado la transitoriedad del mismo, hasta la celebración de las elecciones, ya con fecha fijada, y hasta con el ofrecimiento de adelantarlas, y con sus candidatos seleccionados por las organizaciones políticas y sus seguidores, con anterioridad a los sucesos que ocasionaron la destituciòn de Zelaya.

En cuarto término, fue el intento –de clara ilegalidad- por parte de José Manuel Zelaya, de imponer una referéndum violatorio de la Constitución, en contra del dictamen jurìdico de la màs alta Corte del paìs, y su decisión irrevocable de imponerlo por sobre todas las instancias legales, lo que produjo la acciòn militar de su destituciòn, ejecutada siguiendo las órdenes de los órganos de justicia. Ninguna persona, independientemente del cargo y funciones que ejerza, puede justificar la violación repetida de las leyes, con base a su investidura. Si asì fuera, podrìamos entonces avalar el genocidio cometido  por Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia con su limpieza étnica, que condujo a su sometimiento a juicio internacional por crímenes contra la humanidad y a su posterior suicidio; o la brutal masacre de Rwanda en 1994, en la que perdieron la vida casi un millón de personas, y que obligó al nombramiento de un tribunal ad hoc para no dejar impune tan terrible tragedia. 

Venezuela, Nicaragua, Cuba y la OEA
Resulta una tragicomedia que el régimen cubano, que se ha distinguido durante más de 50 años por constituír el Jurassic Park de los gobiernos latinoamericanos, y su máximo líder la más acabada representación del Tiranosaurus Rex, que detenta records difíciles de superar en violaciones a los derechos humanos fundamentales, que fue expulsada de la OEA hace casi cinco décadas, por ser incompatible con todo aquello que significa la esencia misma de la democracia, y cuyo regreso a la Organización de Estados Americanos, aunque aceptada hoy por ésta, sigue sujeta a la aceptación de principios que una dictadura como la cubana le sería imposible acatar, esté exigiendo junto a Venezuela y Nicaragua, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que tiene como eje fundamental el respeto y la protección de la libertad y la democracia en America. 

Constituye el más crudo cinismo en las relaciones internacionales, que el gobierno de Hugo Rafael Chavez Frías, que hasta hace muy poco tiempo amenazaba con retirar a Venezuela de la OEA por considerarla un organismo inoperante, insulso y ancrónico, aparezca como su primer espadachin, exigiendo hasta la intervención directa de Estados Unidos para restituír a José Manuel Zelaya, en el cargo.  De repente,  en este teatro del absurdo, lo que era hasta hace pocos días –y volverá a ser en otros pocos días también- el Imperio del Mal para el presidente Chávez, se cubre, como la Cenicienta, del más rutilante ropaje, si ello contribuye a los propósitos de extender el proyecto continental personalista, militarista, primitivo y e históricamente desfasado del Socialismo del Siglo XXI.

Y a su lado, en esta parodia internacional, Nicaragua, el país más pobre de latinoamérica, con un Presidente que todavía permanece invocando los slogans de la Unión Soviética de comienzos de la Guerra Fría como santa palabra, con un pueblo  que constituye un caso dramático de dolorosa marginación social y caridad pública internacional, y con un gobierno complice y rebaño del gobierno chavista, mantenido con los recursos del pueblo venezolano.

¿Qué sigue?
La situación creada con la destitución de José Manuel Zelaya, ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de una actualización de la estructura de la OEA a una dinámica de las relaciones internacionales que se adecúe a las realidades de un mundo cuyos parámetros difieren mucho de la época en que nace la Carta de la OEA.  Por otra parte, el Derecho Internacional Contemporáneo y la acentuación cada vez más importante del respeto a los derechos humanos y al Principio de la autodeterminación de los pueblos, implican una nueva visión de la política y de la normativa internacional. Seguir manteniendo literalmente los mismos esquemas imperantes en el mundo desde la Paz de Westfalia hasta bien entrado el siglo XX, puede dar pie a las mas terribles injusticias y los mas incongruentes absurdos como el que está ocurriendo con el drama que atraviesa Honduras, y afecta, en un mundo globalizado e interdependiente como el que vivimos, a toda la comunidad internacional.


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