Honduras nos ha dejado un manojo de lecciones, a los países latinoamericanos, y a Venezuela, en particular, porque, tal parece, la revolución bolivariana tiene mucho que ver con todo lo malo que ha pasado, tanto en esa pequeña nación centroamericana, como en otros escenarios del continente.

La crisis que eyectó al presidente José Manuel Zelaya, nos recuerda una vieja sentencia. No basta la legitimidad de origen de un gobernante, para considerarlo democrático. Es menester que, además de electo en comicios transparentes, se ciña a los principios que adornan la legitimidad de gestión, o de desempeño. Esa es, precisamente, la regla que da sentido a la Carta Democrática Interamericana, forjada tras los siniestros libertinajes de Alberto Fujimori, en Perú.

Venezuela suscribió esa Carta, y, si las cosas deben decirse con claridad, el Gobierno la irrespeta con brutal reincidencia. Es más, instiga a otros presidentes a violarla, con descaro e impunidad, aunque no sin las consecuencias que eran de temerse, como queda visto en el lastimoso caso que nos ocupa.

Incluso, admitiéndose que en Honduras se produjo un golpe de Estado, el papel de la OEA no deja de aparecer como irremediablemente deplorable, muy de la mano de la patética imagen que ante el mundo proyecta su secretario general, el señor José Miguel Insulza.

La OEA se hizo de oídos sordos ante los graves precedentes de este desastre. ¿No dice nada el hecho de que, aparte de los militares, la salida de Zelaya del poder, fuese avalada por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, y por la unanimidad del Congreso, controlado por su propio partido?

La OEA observó la convocatoria a una consulta declarada inconstitucional, con la misma nula sensibilidad con que ha verificado el desplazamiento del régimen venezolano hacia un ensayo autoritario, despótico, violento. La sola no existencia de separación de poderes, ya lo aplaza en el examen de las cláusulas democráticas. Pero es que además están presentes serios y flagrantes vicios, como la imposición fraudulenta de leyes y de propuestas rechazadas en referendo, la persecución a la disidencia, el acoso a la libertad de expresión, la violación de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales. También de eso habla la Carta Interamericana, aunque la OEA lo haya echado a un olvido del cual sólo se sacude cuando le conviene.

¿Qué respuesta se dio a los sólidos razonamientos de Antonio Ledezma, sobre el golpe infligido a la alcaldía Metropolitana, zarpazo que coronaran con el acto criminal de desarmar a su policía y desmantelar a los bomberos? ¿Tienen algo que decir los ilustres señores de la OEA ante la pública declaratoria de guerra a Honduras, como antes a Colombia, lanzada desde Venezuela? "Si juramentan a Roberto Micheletti lo derrocaremos", amenazó el acaudalado socio de ese club de presidentes en que ha degenerado la OEA.

¿Con qué derecho?, cabe preguntarse, y surge la respuesta: con el mismo derecho que ha tenido para asumir esta sarta de injerencias indebidas en los asuntos de otros países, incurriendo en las ansias de intrusión y en el enfermizo guerrerismo que antes tanto le criticó a George W. Bush. Con el mismo acomodaticio derecho con que defiende la sacrosanta "soberanía" de su mando, intocable, y a la vez se abalanza a echar más leña en cada candela que se prende en esta inestable aldea latinoamericana.

Pero esta vez su receta causó irreparable estrago. Más allá del juego de palabras, esta vez el atrevimiento ha tocado sus honduras.