Hace 5 largos años, Ecuador vivió una situación política muy similar a la que ahora atraviesa Honduras. Pero la reacción de la comunidad interamericana, y sobre todo la del gobierno del señor Chávez, fue diametralmente opuesta. Recordemos los hechos....

En abril de 2005, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, elegido por votación popular en noviembre de 2002 con el 55% de los sufragios, fue removido de la presidencia por decisión mayoritaria del Poder Legislativo con el apoyo de la Corte Suprema y, en especial, de las Fuerzas Armadas que la hicieron valer. Acto seguido, Gutiérrez fue enviado a Brasil.

La referida remoción fue sustentada en graves violaciones a la Constitución Política de Ecuador por parte del presidente Gutiérrez quién, además, había ordenado la disolución de la Corte Suprema. En su lugar, el Legislativo oficializó la designación del Vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, primero en el orden de sucesión.

El presidente Palacio formó nuevo gobierno y designó como ministro de Finanzas y Economía a un joven profesor universitario, Rafael Correa, que más adelante, en el 2006, ganaría las elecciones presidenciales.

La OEA debatió el tema con interés diplomático, organizó una Comisión que se trasladó a Ecuador, formuló algunas observaciones con base a la Carta Democrática Interamericana, y después se ocupó de otros asuntos.

Por su parte, el gobierno del presidente Chávez no sólo reconoció al nuevo gobierno de Ecuador, sino que estableció tan excelentes relaciones políticas y económicas, que terminó financiando una emisión de bonos de deuda pública ecuatoriana que confeccionó el ministro Rafael Correa.

Un lustro después, tanto Chávez como Correa encabezan una campaña internacional en contra de la remoción del presidente Manuel Zelaya por obra del Poder Legislativo de Honduras, con el respaldo del resto de la institucionalidad hondureña, incluyendo la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Tribunal Electoral, y las Fuerzas Armadas.

En Honduras 2009, al igual que en Ecuador 2005, el mandatario depuesto o removido no fue sustituido por una Junta Militar, sino por el jerarca civil en línea sucesoria, conforme a lo dispuesto por la Constitución y con la debida ratificación del Poder Legislativo, máxima instancia de la representación popular.

En ambos casos la motivación de tan grave decisión ha sido la misma:   un Presidente que violenta el orden constitucional al desacatar a otros poderes públicos y pretender erigirse por encima de las instituciones democráticamente constituidas.

Sin embargo, y a pesar de las obvias similitudes entre las dos situaciones, la respuesta general de la OEA y la particular del régimen de Chávez no pueden ser más distintas. La revolución bolivarista quiere derrocar al gobierno interino de Michelleti, pero en cambio se entendió a las mil maravillas con el gobierno interino de Palacio y Correa.

La abismal inconsistencia, en cuanto a Chávez se refiere, proviene de un hecho elemental: Lucio Gutiérrez no quiso sumarse a su estela, mientras que Manuel Zelaya no lo pensó dos veces, calculando que ello podría facilitar su continuismo en el poder. Por lo demás, Chávez pesa en el sistema regional y su influencia político-petrolera es considerable a la hora de movilizar, en un sentido u otro, a la estructura interamericana.

Pero como se preguntan en Quito y Tegucigalpa: "por qué la salsa que es buena para el pavo no lo es para la pava"...