La actuación de la Corte Penal Internacional de la Haya
Escrito por Abraham Clavero Toro | @Abrasof2320   
Viernes, 21 de Mayo de 2021 00:00

altEl pasado 6 de mayo, la Corte Penal Internacional (C.P.I.) condenó a 25 años de prisión al ugandés Dominic Ongwen, niño soldado

y ex comandante de la organización extremista cristiana “Ejército de Resistencia del Señor”. 

Esta decisión tuvo un doble significado de víctima y de verdugo al declarar culpable a Ongwen por 61 crímenes de guerra y contra la humanidad, aunque reconociendo que él también fue víctima de la violencia desatada por las milicias a las que luego se integró.  

Dicha resolución constituyó para la Corte Penal Internacional un verdadero reto en vista de esas circunstancias. 

Se puede señalar al respecto, que este es el más reciente ejemplo de la evolución experimentada por el derecho internacional público desde aquellos tiempos remotos en las cuales solo se concebía que el Estado era el único sujeto de derecho, mientras que las personas se suscribían simplemente como un objeto. Nos referimos al positivismo clásico. 

Debió pasar un largo periodo que incluyó las dos guerras mundiales que provocaron grandes catástrofes en la historia de la humanidad, hasta que el Tribunal Militar de Núremberg señaló que “los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y solo castigando a las personas que cometen tales crímenes se pueden hacer cumplir las disposiciones del derecho internacional”. 

Se comenzó, así, a reconocer la subjetiva jurídica internacional del individuo, haciendo factible no sólo la protección directa y efectiva de los derechos humanos, sino y, sobre todo, la posibilidad de ser sancionado como resultado del reconocimiento de la responsabilidad internacional individual por violaciones graves de obligaciones internacionales. 

Se abrió, entonces, un amplio ámbito jurídico que condujo, a posteriori, a la creación de los tribunales internacionales ad-hoc con miras a resolver causas penales entabladas contra particulares para encarar acusaciones de los denominados crímenes internacionales más graves, como es el caso del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Los primeros tribunales penales internacionales se establecieron en la década de 1990 para responder por las atrocidades perpetuadas a nivel regional. Fue el caso del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia de (TPIY-1993) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR-1994) según resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.   

A partir de entonces, se han constituido otros tribunales especiales para juzgar delitos nacionales e internacionales, entre los que se destacan los Paneles Especiales para Crímenes Graves en Dili (Timor Oriental) (1999), el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya (2002), Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina (2005), y el Tribunal Especial para El Líbano (2007).

El desarrollo de estos mecanismos jurídicos ha sido un componente muy importante dentro de los contextos post-conflicto, puesto que promovieron el debate respecto a la necesidad de trabajar en favor de la paz y la reconciliación en un país o en una comunidad, frente a las solicitudes de justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Los argumentos a favor de estos tribunales giraron en torno a la necesidad de prevenir nuevos crímenes, el reclamo de justicia para las víctimas y la comunidad, y la necesidad de conocer la verdad respecto a lo ocurrido. Todo ello constituye el punto de partida para un futuro de convivencia pacífica.

En la actualidad, todavía no es posible realizar una evaluación completa del efecto que dichos tribunales ad hoc puedan tener respecto de futuros crímenes, porque no hay aún evidencia suficiente. Lo que si es cierto es que la administración de justicia queda más clara, no obstante que aún permanece sin resolverse completamente el problema de la identificación y el enjuiciamiento de presuntos culpables.  

Al respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R.) considera que “los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda constituyen un gran avance en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (D.I.H), pues han ratificado el carácter consuetudinario de ciertos principios, reduciendo la brecha entre las normas aplicables a los conflictos internacionales y las que se aplican a los conflictos no internacionales, y adaptando las disposiciones más tradicionales del D.I.H. a la realidad actual mediante interpretaciones más flexibles”.

Como institución que vela por el cumplimiento del D.I.H., el C.I.C.R. respalda las gestiones emprendidas con el fin de acabar con la impunidad mediante el fortalecimiento de la justicia penal internacional, alentando a los Estados a promulgar las leyes nacionales indispensables en la lucha contra la impunidad de quienes cometen delitos internacionales. En consecuencia, apoya la tendencia a la internacionalización de la responsabilidad individual por el delito de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Es evidente que los tribunales, ut supra mencionados, fueron un avance significativo en impartir justicia. Sin embargo, la comunidad internacional abogaba hacia finales de la última década del siglo pasado en favor de un ente de carácter universal que finalmente se hizo realidad con la aprobación del Estatuto de Roma (15 de junio al 17 de julio, 1998) y que estableció la Corte Penal Internacional (C.P.I.) con sede en la Haya.  

Cabe destacar que C.P.I. actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, interviniendo únicamente en los casos en que aquéllas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte.

Finalmente, hay que hacer referencia al caso de Venezuela. En este sentido, el primer examen preliminar se centró en los acontecimientos desde el 1 de julio de 2002, que incluía las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra opositores políticos del Gobierno venezolano. 

No obstante, el 9 de febrero de 2006, la Fiscalía respondió, indicando que después de un análisis exhaustivo de la información recibida y recopilada, se determinó que los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma para iniciar una investigación sobre la situación en Venezuela no se habían cumplido. 

Es de destacar que de conformidad con el artículo 15 (6) del Estatuto de Roma, esta decisión puede reconsiderarse a la luz de nuevos hechos o pruebas.

Ante esta primera decisión desfavorable, diversas ONG continuaron recabando información de forma permanente a fin de alimentar un nuevo expediente ante la C.P.I., y al mismo tiempo siguieron denunciando nuevas violaciones de diversos casos a nivel nacional. A todo esto, hay que agregar los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la O.N.U. presidida por Michelle Bachelet, que incluyen suficiente información en una amplia gama de áreas cómo para llamar la atención de la C.P.I.   

En base a lo antes mencionado, y haciéndonos eco de las declaraciones de la actual Fiscal de la C.P.I., la Sra. Fatou Bensouda, quien concluyó en su Informe Anual de Actividades de Exámenes Preliminares (2020) que existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de competencia de la Corte desde al menos abril de 2017”. 

La Fiscalía de la C.P.I. señaló que el análisis finalizará en la primera mitad del 2021, por lo tanto, le corresponderá llevar este caso al nuevo fiscal Karim Khan, elegido a finales del año pasado, quien asumirá el cargo el próximo mes de junio, considerado un especialista en derechos humanos.

Se abre de esta forma, un nuevo capítulo en el proceso que diversas ONG han sustanciado desde comienzos del presente siglo, con miras a lograr justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas de hechos punibles de posible competencia de la Corte Penal Internacional.  

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