La reciente modificación de la postura del Gobierno de España respecto al Sahara Occidental, avalando el Plan de Autonomía diseñado por Rabat,

nos permite hacer referencia a las relaciones bilaterales entre Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Desde el 8 de agosto de 1982, en el gobierno de Luis Herrera Campins, se procedió a su reconocimiento. 

De esta manera, pasamos a integrar el grupo de países latinoamericanos que han adoptado esa decisión: Panamá (1978), Bolivia, Argentina, México, Perú, Uruguay, Cuba, Nicaragua y Ecuador.  

Cabe destacar que existe otro grupo de países del continente que han decido congelar dichas relaciones: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, todo ello como resultado de la labor diplomática marroquí que ha presionado utilizado diversos mecanismos, para conseguir su objetivo de aislar a la RASD internacionalmente. En total 82 países de la comunidad internacional aceptan a la RASD.

La formalización de las relaciones diplomáticas bilaterales tuvo lugar cuando la embajada saharaui en Caracas fue aperturada en 1982, y, a su vez, por medio de nuestra embajada en Argelia.  

Los primeros años de esta relación se caracterizaron por el respaldo permanente de Venezuela a la posición de la RASD ante los organismos internacionales, favoreciendo el principio de la obligatoriedad de hacer cumplir las disposiciones de las Naciones Unidas, con miras a la realización de un referéndum consultivo que conduciría a la auto determinación del pueblo saharaui. 

Debido a la vinculación de Marruecos con el tema y objeto de dar visión completa, hay que destacar, igualmente, la apertura de nuestra embajada en Rabat (1997), que, además de sus objetivos de afianzar de las relaciones bilaterales, permitió exponer la posición oficial respecto a dicho contencioso reafirmado que Caracas solo favorecía el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. 

Esta postura frente a la situación del Sahara Occidental, en cierta forma, contribuyó a debilitar las relaciones bilaterales. A esto hay que agregar las críticas manifestadas por la Cancillería marroquí en el sentido que Venezuela abrió primero vínculos diplomáticos con el Polisario ante que con la Monarquía alauita. 

Con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, las relaciones bilaterales pasaron a otro nivel y se intensificaron por medio de la firma de diversos acuerdos. Al respecto, el 5 de octubre de 2004 se rubricó un Convenio Integral de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas y el de Cooperación de la RASD. ​

En ese mismo mes se firma el Acuerdos de Cooperación Bilateral en virtud del cual, jóvenes saharauis pueden realizar estudios en diversos centros universitarios públicos venezolanos. 

A partir del 2006, el grupo venezolano en el Parlamento Latinoamericano impulsó acciones de solidaridad con el pueblo saharaui. Ese mismo año, el Presidente Chávez se reunió en Caracas con su homólogo, Mohamed Abdelaziz, ratificando el compromiso de Venezuela en favor de la descolonización de dicho territorio. 

El 31 de enero de 2007, once estudiantes saharauis fueron aceptados para realizar estudios en el área de refinería petrolera dentro del marco del Programa Internacional de Becas de Venezuela. ​

En el 2009, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en colaborar con la Escuela de Cine del Sahara mediante la donación de equipos tecnológicos por parte del Ministerio de Cultura. De esta forma se apoyó la realización de un Curso Audiovisual Introductorio, en el que participaron profesionales venezolanos en las disciplinas de guion, dirección, cámara-sonido y edición. 

A su vez, la Dirección General del Laboratorio Nacional Hidráulica (LNH) del Ministerio del Ambiente y el Instituto Hidráulico Saharaui desarrollan un proyecto de administración de aguas subterráneas, que incluía la capacitación a técnicos de la RASD en las áreas de hidrogeología y perforación.

En abril de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de la República Saharaui revisaron las diversas posibilidades de cooperación educativa.​

El 27 de octubre de 2011, se firma el acuerdo complementario de los recursos hídricos con rango de Convenio de Cooperación, por parte del Viceministerio de Agua del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, y la Embajada de la RASD. 

Como parte de la cooperación educativa entre Cuba y Venezuela, fue creada la Escuela Secundaria Básica “Simón Bolívar” ubicada en el mayor campamento de refugiados saharauis en Argelia, cercano a la Wilaya de Smara. La primera etapa del proyecto entró en funcionamiento con una matrícula de 360 alumnos, mientras que en la segunda etapa se incorporaron otros 300 estudiantes. 

El 27 de febrero de 2020 la representación diplomática de la RASD celebró el cuadragésimo cuarto aniversario de la proclamación del Estado Saharaui con un acto solemne en el Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador Simón Bolívar.

Dentro de la evolución de las relaciones a tres banda, destaca la decisión del Reino de Marruecos de cerrar su embajada en Venezuela (2009), alegando entre otros motivos que el gobierno venezolano apoyaba el “separatismo”. A partir de esa fecha la embajada marroquí en República Dominicana cumple la función de concurrente. Por su parte, la Embajada en Venezuela en Rabat ha continuado funcionado a nivel de encargado de negocio.   

En importante acotar que, en 1997, precisamente cuando Venezuela abrió su embajada en el país magrebí, Naciones Unidas designó a James Baker III, ex Secretario de Estado norteamericano como enviado especial. Esta decisión estaba destinada a la apertura de un diálogo con las partes en conflicto para proceder a la aplicación inmediata del "Plan de Arreglo" y celebrar el referendo previsto en el mismo. 

Esto condujo a los Acuerdos de Houston estableciéndose un calendario concreto sobre las diferentes fases del proceso para la descolonización del Sáhara Occidental. La celebración de la consulta electoral tendría  lugar el 8 de diciembre de 1998. 

Sin embargo, tal como lo han señalado Amnistía Internacional​ y Human Rights Watch, las presiones del Reino alauita impidieron que el pueblo saharaui se expresar al respecto. 

Tanto en el gobierno del Rey Hassan II como de su hijo Mohamed VI, Rabat han utilizado la presión política, el arresto de activistas humanitarios y el amedrentamiento contra los saharauis que habitan en los territorios ocupados como métodos de presión. A esto hay que agregar, el traslado progresivo de grupos de población marroquíes a la zona en disputa, con la finalidad de influir en dicho referéndum a favor del Reino.

Ante esta situación el Frente Polisario, considerado la voz de la RASD, realizó una activa labor en diversas instancias internacionales a favor de su reconocimiento como Estado independiente, aspirando recuperar, por la vía diplomática, los territorios pertenecientes al Sahara Occidental que le fueron arrebatados durante la guerra con Marruecos (1976-79). 

Por su parte, España antigua potencia colonizador nunca ha reconocido a la República Saharaui como estado independiente, no obstante, ha manifestado su apego a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la celebración del referéndum. 

En base a lo anteriormente señalado, y como consecuencia del reconocimiento al Plan de Autonomía marroquí surgió una crisis en el seno del gobierno entre el PSOE y Podemos, el cual consideró que su exclusión total en las recientes negociaciones entre Madrid y Rabat fue un hecho inaceptable. 

Este cambio de postura no ha sido respalda por la mayoría de los partidos políticos españoles desde Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), así como también el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), ​ BNG, y Podemos,al igual que​ los partidos nacionalistas vascos PNV, Bildu y Aralar, o Los Verdes Ecopacifistas que han defendido activamente en sus programas y en sus políticas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y proponiendo el reconocimiento de la RASD.

A esto hay que agregar que el pasado 7 de marzo todos los grupos del Congreso, excepto el PSOE, avalaron una propuesta sin carácter de ley, relativa a ratificar el derecho a la autodeterminación del Sáhara. 

Dicha iniciativa fue impulsada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, contando con 168 votos a favor (PP incluido), 118 en contra (PSOE) y 58 abstenciones (Vox y Cs). Durante el debate los representantes de estos dos últimos grupos dejaron clara su oposición a la decisión adoptada unilateralmente por el líder del ejecutivo español de reconocer la propuesta de autonomía marroquí y abandonar su posición de neutralidad activa en un conflicto que se ha prolongado durante 46 años. 

El objetivo de esta propuesta era que el Congreso de los Diputados ratificara su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en esa región, y que lo hiciera con "el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado de manera constructiva y conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y mutuamente aceptable en el Sáhara".

Esta votación ha coincidido con el viaje del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat para reunirse con el Rey Mohamed VI. Dicho encuentro ha sido enmarcado en lo que se ha considera como el inicio de una nueva etapa entre los dos países, luego del giro histórico en el conflicto del Sáhara Occidental a favor de Marruecos.

Con respecto al Plan Autonomía hay que destacar que excluye dos factores clave: no toma en cuenta al Frente Polisario como parte esencial de este asunto, ni admite la independencia como una alternativa democrática y válida la cual debería someterse a la voluntad popular. 

Estas "omisiones" no solo chocan con las reivindicaciones del pueblo saharaui, sino que entran en plena contradicción con las resoluciones de Naciones Unidas sobre este tema. A través de distintas declaraciones, la ONU ha dejado claro, que la vía hacia una solución pasa por "un referéndum de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental", como se establece en la resolución aprobada en abril de 1991.

Hasta ahora el Consejo de Seguridad ha aprobado 74 resoluciones que hacen alusión al conflicto del Sáhara y plantean vías para su resolución. En tal sentido, la fórmula de Marruecos no se contempla como una propuesta seria a la hora de abordar la solución del conflicto dentro de parámetros democráticos.

Las resoluciones sobre el Sáhara no solo descartan cualquier vía que no incluya la libre determinación, sino que además hay sentencias de distintos organismos que reconocen al Frente Polisario como único interlocutor válido del pueblo saharaui. Las propias Naciones Unidas siempre han contado para las diferentes rondas de negociaciones con el Polisario y el Gobierno de Marruecos, como interlocutores válidos. Por ello, cualquier plan debe tener en cuenta ambos actores ya que las resoluciones de la ONU reconocen que la solución debe ser "mutuamente aceptable" por ambas partes.

Ninguno de estos aspectos se incluye en el Plan de Autonomía. Dicha propuesta, elaborada en 2007, establece que Rabat se compromete con "una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sáhara", con unos límites tan claros como contrarios al espíritu de las resoluciones de Naciones Unidas. Este plan, se materializará única y exclusivamente "en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional".

Se considera, además, que esta propuesta, se encuentra inspirada en las autonomías españolas que elimina cualquier posibilidad de someter a la voluntad popular la opción de la independencia. Se trata, por tanto, de una propuesta en la cual solo se considera lo que Marruecos defiende mientras que anula y omite la voz del pueblo saharaui, en contradicción como lo que establece la ONU.

El debate que se presenta entonces es que la autonomía pueda formar parte como una opción a votar en un referéndum para ejercer el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, tendría que incluirse, igualmente, la opción que defiende la otra parte, es decir, la independencia del Sáhara Occidental. 

La nueva postura española ha sido ratificada en la reciente vista realizada por el Presidente del Gobierno a Rabat atendiendo una invitación del Rey Mohammed VI durante la cual se anunció la reapertura de las fronteras en Ceuta y Melilla y la reanudación de la Operación Paso del Estrecho. De este modo, se inicia "una nueva etapa" y "una hoja de ruta duradera y ambiciosa".

Ante esta situación, por medio de un comunicado de la delegación del Frente Polisario en España emitido en Bir Lehlu (Sáhara Occidental), se decidió la suspensión de los contactos con el gobierno español, indicando que la decisión se toma después del apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la "ilegal propuesta del ocupante marroquí que pretende legitimar la anexión de los territorios del Sáhara Occidental por la fuerza e ignorando los derechos inalienables del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia".

Hay que recordar que el Estado español tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui y las Naciones Unidas como potencia administradora del territorio, "cuyas responsabilidades no prescriben".

En la evolución reciente a nivel de Naciones Unidas hay que destaca que Consejo de Seguridad se reunirá el 20 de abril en una sesión informativa por parte de la Secretaría de la ONU y el Representante Especial y Jefe de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental establecida mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991), Alexander Ivanko quien realizará su primera exposición sobre la misión que dirige desde agosto del año pasado.

Se espera, además, que se debatan especialmente las recientes resoluciones adoptadas por la UE que concluyeron con importantes decisiones sobre el conflicto, anulando los acuerdos de asociación UE-Marruecos por incluir ilegalmente los territorios del Sáhara Occidental. Con ello se demuestra la importancia que le atribuye la Unión Europea a objeto de superar la situación actual, y devolver el proceso de paz a su curso natural al adquirir la organización regional un papel más activo en la conclusión pacífica de la descolonización del Sáhara Occidental.

Esta sesión del Consejo de Seguridad también es de particular importancia ya que es la primera que se celebra tras el nombramiento, después de dos años, de un nuevo Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan De Mistura, quien realizó en fecha reciente, una visita y mantuvo reuniones con las partes en conflicto.

De igual manera será considerada la nueva posición del gobierno español que ha roto con más de 40 años de neutralidad en el conflicto saharaui, al apoyar una autonomía para el territorio que fuera su antigua colonia. Entre otros asuntos que se discutirán estarán las hostilidades armadas y la situación de los derechos humanos en los territorios saharauis ocupados. 

Si bien se harán consultas sobre la MINURSO, han surgido críticas que esta misión no está funcionando; ni realizó el referéndum, ni protege a los civiles saharauis y ni mantiene el alto el fuego, y a pesar de ello se renueva cada año convirtiéndose en un obstáculo para el avance por la vía diplomática. Se prevé que el Consejo de Seguridad convocaría a Marruecos y al Frente POLISARIO a regresar a la mesa de negociaciones y detener las hostilidades y la escalada militar que se mantiene de forma ininterrumpida desde el 13 de noviembre de 2020.

En conclusión, los gobiernos de Venezuela desde 1982 han mantenido una posición variable en favor de la autodeterminación y la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre este contencioso. Se puede decir que ha sido una política de estado permanente tanto en la Cuarta como en la Quinta República. 

Se considera, por lo demás, injustificado “el salto de talanquera” llevado a cabo por parte del gobierno de Pedro Sánchez cuyo objetivo se debe buscar en conseguir garantías sobre Ceuta y Melilla y sobre el flujo migratorio.  

De esta manera, Madrid rompe con su tradicional postura de imparcialidad en el conflicto del Sahara avalando el Plan de Autonomía, tal como lo hizo el entonces Presidente Donald Trump. El gobierno de Sánchez se alinea, así, con la posición de Francia, el principal aliado de Rabat en la Unión Europea.