Bastantes compatriotas están manifestando su inconformidad con parte del texto emanado por el Grupo de Lima, a propósito en  lo que ya se conoce en el mundo,

como la ilegitima presidencia de la república en Venezuela, a partir del 10 de enero.

No es para menos. Por cuanto, por muy desprevenido que uno se encuentre, casi que por inercia conecta el pronunciamiento más reciente del gobierno guyanés, en lo que atañe a la decisión de la Armada venezolana de expulsar dos buques que estaban haciendo exploración  sísmica en la aguas de la costa atlántica nuestra por el estado Delta Amacuro, con la determinante posición que han asumido estos catorce países para develar ante la comunidad internacional,  la situación de catástrofe humanitaria en que nos encontramos.

Sin embrago, dejamos sentado que son hechos, eventos y situaciones inconcatenables.

El gobierno guyanés ha metido baza en el citado texto del grupo de Lima (“la estocada hasta la empuñadura”), para sacar ventaja y perverso provecho; cuyo trasfondo lo configura el  reclamo centenario nuestro, por el arrebato que nos hicieron de la Guayana Esequiba: una séptima parte de nuestro espacio geográfico. 

El inefable canciller guyanés logra plasmar, mediante una añagaza discursiva, un  pronunciamiento del  Grupo de Lima, casi que enteramente favorable a ellos.

Vamos por parte. El canciller guyanés, Carl Greennidge, el jueves 3 de los corrientes, hizo una torcida y mal intencionada declaración, sobre el caso de nuestra reclamación, en la  Asamblea Nacional de su país, en estos vergonzosos y desconsiderados términos: “la respuesta de Guyana, ante las agresiones de Venezuela, país militarmente poderoso, ha sido defender su soberanía y sus derechos soberanos de manera firme, coherente, pacífica y plenamente de conformidad con el Derecho Internacional”.

Luego expone el dirigente de la excolonia británica “Venezuela ha hecho un acto hostil e ilegal, violatorio de la Carta de las Naciones Unidas. Cabe señalar que el reclamo de Venezuela de las aguas que se encuentran a lo largo de la costa de Guyana se ha basado, hasta ahora,  en su supuesta y ficticia ´propiedad´ histórica del Esequibo y, por tanto de su costa. De hecho, ese territorio, uno de los tres condados de Guyana ha sido parte de Guyana desde 1648”. A mi modo de ver, esto debió merecer una contundente respuesta  por parte de la cancillería venezolana.

Quienes hemos estudiado, por años a fondo, la situación de la Guayana Esequiba, seguimos sosteniendo que Venezuela tiene suficientes elementos probatorios: históricos, políticos, demográficos, geográficos, sociales y tal vez, a los que el gobierno guyanés rehúye, los Títulos Traslativos, asentados en la Cédula Real de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, al crearse la Capitanía General de Venezuela, que nos hacen ser plenos poseedores de tal espacio. Porque siempre ha sido nuestro costado fronterizo por el este. Así está legal y legítimamente asentado.

Por eso, vienen ahora con el   ardid de remontar su “supuesta posesión” hacia 1648, momento cuando España reconoce que  las colonias de Demerara y Berbice pertenecen a los Países Bajos, que ellos después negociaron con el Imperio Inglés, únicamente lo que les correspondía entonces; pero nunca vendieron la colonia del Esequibo, porque estuvieron conscientes, que  siempre fue territorio español. A partir de allí,  los ingleses hicieron una vulgar ocupación de todo, más no tomaron posesión. Son dos consideraciones jurídicas totalmente distintas: ocupar y poseer.

En este instante, cuando se levanta la expectativa del saber qué dice  el Grupo de Lima, ante la insoportable situación en Venezuela, en uno de sus considerandos leemos: “Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.” (Subrayado nuestro).

Sin lugar a dudas que la mano del canciller guyanés intervino, chantajeó o coaccionó el apoyo de su país, al pronunciamiento, si  le  aceptaban en el texto definitivo el párrafo antes señalado; lo que prácticamente conecta al Grupo de Lima con la controversia que se dirime en la Corte Internacional de justicia; instancia tribunalicia a la cual Venezuela ha sido invitada, el 18 de abril de este año, a presentar su Memorial de contestación a la demanda incoada por Guyana.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla