A principios de esta semana se llevó a cabo en Caracas un publicitado evento político, que consistió en el lanzamiento del Movimiento Continental Bolivariano (MCB), con la presencia de grupos de izquierda de 26 países, incluida Colombia. La reunión no habría pasado de ser un legítimo encuentro de militantes radicales si no hubiera sido porque en su acto de clausura la naciente organización no solo expresó su respaldo a la guerrilla de las Farc, sino que incluyó dentro de sus 11 presidentes honorarios a dos jefes subversivos: el desaparecido 'Manuel Marulanda Vélez' y su remplazo, 'Alfonso Cano'.

Esta expresión de solidaridad y de exaltación del MCB hacia las Farc ?que por cinco años mantuvo su antecesora, la Coordinadora Continental Bolivariana? despertó la justa reacción del gobierno colombiano que, por intermedio de la Cancillería, le pidió a Venezuela que aclare su posición frente a este partido político. Además, el presidente Álvaro Uribe le solicitó a la Fiscalía la judicialización de los dirigentes de esas organizaciones, que no solo apoyan a la guerrilla, sino que reciben con vítores sus mensajes.

La explicación demandada, además de justificada, es imprescindible. Sin importar las actuales tensiones diplomáticas, el régimen chavista debe definir si permite en su territorio las actividades políticas de grupos que avalan el terrorismo de las Farc. Tanto para el Estado colombiano como para la comunidad internacional, esta guerrilla ejecuta permanentemente en el país atroces crímenes y brutales actos, que han dejado una estela de sangre y muerte. Cualquier respaldo público a la subversión o elogio de sus cabecillas es una apología que merece un rechazo oficial y contundente de Colombia.

Los tiempos en que las masacres y atentados ?como los que perpetran las Farc contra la población civil? se confundían con las luchas de liberación nacional ya pasaron. Tanto como aquellos en que las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se hacían pasar por "legítimas" acciones revolucionarias. La línea divisoria entre la militancia ideológica y la apología del terrorismo es hoy tan clara en el ámbito internacional, que el único camino que le debería quedar a Venezuela es tomar acciones judiciales y políticas contra los dirigentes del MCB. La alianza entre España y Francia para combatir a la banda terrorista Eta es un ejemplo de colaboración entre vecinos y de cero tolerancia con la promoción de la violencia en un país desde el territorio de otro.

La libertad de expresión y la de asociación política no pueden ser esgrimidas como excusa para que este movimiento opere a sus anchas en Venezuela o en cualquier otro de los 12 países latinoamericanos donde tiene capítulos. No se trata de adelantar una cacería de brujas: Colombia, en su tradición de asilo, ha acogido a líderes perseguidos, ya sea de izquierda o de derecha. Tampoco es cuestión de silenciar las ideas radicales del MCB, sino de responder con las herramientas democráticas al llamado extremista de avalar "todas las formas de lucha", en clara alusión al uso de las armas.

En la última década, la democracia en América Latina ha dado plenas muestras de que, en paz y de acuerdo con la ley, los militantes de izquierda, aun la más radical, no solo ganan elecciones, sino que cambian las constituciones, de la mano de las mayorías. Una buena parte de la región ?ya sea a nivel nacional, regional o municipal? está gobernada hoy por líderes que se autodenominan socialistas o tienen afinidad con el comunismo. No hay que ir muy lejos: los votos, y no las armas ni los golpes de Estado, han legitimado a Chávez y sus reformas. Dentro de este contexto de innegable progreso electoral, validez continental de las reglas democráticas y superación de la vía armada para llegar al poder, el fanatismo del nuevo movimiento bolivariano por los jefes de las Farc es no solo anacrónico, sino francamente peligroso.

Sin importar las actuales tensiones, Chávez debe aclarar si avala en su país organizaciones que apoyan a las Farc y sus actos violentos.

El Tiempo