La gran mayoría de quienes ejercieron el sufragio ha favorecido al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo. En declaraciones posvictoria han manifestado su decisión de conformar equipos de trabajo en los que estén representadas diversas fuerzas políticas, además de la propia con ello está haciendo realidad el artículo 5 constitucional relativo a la integración, participación y conciliación nacional.

Lobo encuentra un antecedente histórico en esa necesaria y bienvenida apertura, en la ocurrida durante la administración de su correligionario Juan Manuel Gálvez (1949-1954); tras 16 años de gobierno represivo y autoritario por parte de su antecesor, Tiburcio Carías, Gálvez permitió el retorno a la patria de centenares de emigrados políticos, a la vez que liberó a aquellos, que también por razones políticas, languidecían en prisión; con ello impulsó el gradual reencuentro de sus compatriotas para iniciar la postergada modernización económica e institucional.

Honduras necesita dejar atrás la actual profunda división de su pueblo, que ha hecho de nuestra nación un país bipolar, a favor y en contra del cambio de régimen, con desigual acceso a la educación, salud, vivienda, servicios públicos, con zonas geográficas relativamente prósperas que contrastan con otras ignoradas, pobres, con economías de mera subsistencia.

El enfoque reconciliador no implica el otorgamiento de amnistía para quienes estén acusados de haber perpetrado delitos; pero hay que recordar nuevamente a nuestra Carta Magna, que en sus artículos 82, 84, 89 y 90, establece la presunción de inocencia, por lo que nadie puede ser condenado a priori, tal como está ocurriendo.

Es de esperar que Lobo encuentre la suficiente fortaleza y habilidad para distanciarse del llamado "lado oscuro" del Nacionalismo, conformado por personas corruptas que a la sombra del poder trafican con influencia y, en el proceso se lucran ilícitamente. Si no logra neutralizarlos, desacreditarán su gestión y la impunidad se fortalecerá aún más.

Le tocará afrontar una condición económica altamente compleja e incierta: descenso del PIB, crecimiento del déficit fiscal y el gasto corriente, reducción en el monto de reservas monetarias, remesas e impuestos, aumento en el desempleo, contracción en las exportaciones e inversiones locales y foráneas.

La iniciativa propuesta por Arturo Alvarado, concretada en un pacto fiscal que elimine las múltiples exoneraciones y dispensas tributarias, debe ser implementada a la brevedad: cada quien debe pagar impuestos en proporción a sus ingresos.

También urge de un pacto social que permita generar empleo urbano y rural y garantizar la continuidad en avances logrados por la administración Zelaya: matrícula gratis, bono estudiantil.

En las relaciones internacionales bilaterales, cuenta con la aprobación del gobierno Obama, factor decisivo para alcanzar la estabilidad política. Tocará a la Cancillería buscar el reconocimiento de la ONU y de la OEA, así como la restitución de la ayuda proveniente de los organismos internacionales de crédito y de países amigos.

Es de esperar que el nuevo mandatario continúe la estrategia de su predecesor e involucre a las Fuerzas Armadas en la protección del bosque, la prevención de incendios y la reforestación, buscando revertir la rápida desertificacion y la pérdida de fuentes hídricas.

El Heraldo