Todo indica que el auspicioso desarrollo económico que está alcanzando nuestra región en ciertos campos no tiene correlato en el respeto irrestricto a las libertades de expresión y prensa, sobre todo en ciertos países autoritarios, populistas o con malas prácticas frente a derechos que son fundamentales. De otra manera, no proliferarían censuras, presiones y tantos otros amedrentamientos contra el derecho a opinar o a disentir libremente que se han denunciado en el último año y que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de reportar en su Foro de Emergencia, realizado en Venezuela.

Allí, y ante tan oscuro panorama, el prestigioso organismo de la prensa internacional lanzó una señal de alerta que no puede pasar desapercibida, principalmente para los gobiernos del continente a los que llama a cambiar de rumbo, recuperar espacios democráticos que permitan la pluralidad y la diversidad, y eliminar políticas nocivas orientadas a reprimir a la prensa independiente o frenar su desarrollo porque simplemente cumple con fiscalizar la cosa pública.

Hoy los abusos son múltiples. En Venezuela, Ecuador y Argentina se han gestado nuevas medidas administrativas para aprobar el cierre de medios de comunicación, y polémicas leyes de prensa. Sin duda, entre los casos más escandalosos se hallan las presiones contra el diario “Clarín” de Buenos Aires, perteneciente a un grupo mediático que históricamente fue penalizado primero por el gobierno de Néstor Kirchner y luego por el actual de Cristina Kirchner. En el último año, además, el Estado Argentino se ha involucrado en la transmisión por televisión de los partidos de fútbol y en la fusión de empresas operadoras de televisión pagada en los que participa el grupo Clarín; así como en sanciones tributarias, intimidaciones y agresiones cuyos directivos han denunciado públicamente.

Pero eso no es todo. En el último año hubo problemas de acoso judicial en Brasil, medios reprimidos en Honduras y continuó invariable la detención de periodistas encarcelados en Cuba, que constituye ya un caso emblemático en lo que se refiere a violaciones a la libertad de prensa.

En esta lista negra se ha incluido al Perú, debido al cuestionado cierre de la radio La Voz de Bagua que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha insistido tercamente en mantener, a pesar de que no existen pruebas que acrediten las acusaciones formuladas contra el medio, tal y como han precisado el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad.

El panorama es, pues, sombrío. Sin embargo, como ratificaran en Venezuela los ex presidentes peruano y boliviano, Alejandro Toledo y Carlos Mesa, las tareas son claras: así como los medios de comunicación deben hallarse en constante autocrítica para garantizar un ejercicio profesional de primer nivel, corresponde a los gobiernos garantizar igualmente una irrestricta libertad y tolerancia al disenso, pues, de lo contrario, hablar de verdadera democracia será una falacia.

Finalmente, parafraseando al presidente de la SIP, Enrique Santos, si bien la mala disposición de los gobiernos puede ser provocada por la falta de profesionalismo en el periodismo: “Ello no puede ser combatido mediante el descrédito, la censura o la falta de libertad”.