El proyecto oficial de ley de servicios audiovisuales (Argentina), bajo la excusa de romper supuestos monopolios, será un duro golpe a la libertad de expresión.
Una restricción a los medios audiovisuales sólo puede estar fundada en la necesidad de asegurar una correcta distribución del espacio radioeléctrico y otras razones técnias. Pero no puede ser nunca, porque así surge del artículo 32 de la Constitución, un artilugio para acallar las palabras críticas. En efecto, ese artículo constitucional dice que no pueden sancionarse leyes en perjuicio de la prensa (artículo 32).

La libertad de expresión fue reconocida hace más de doscientos años en la legislación occidental como un instrumento esencial para criticar los gobiernos y corregir los desvíos de la democracia. Y, según dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el periodismo es el principal vehículo del ejercicio de la libertad de prensa y comunicación. Por eso, atacar a los medios es una forma directa de atacar la expresión.

El proyecto oficial, sin embargo, bajo la excusa de fomentar el pluralismo, permitir el ingreso de nuevos actores sociales y estatales en el mercado y regular supuestas cuestiones técnicas, en rigor enmascara un burdo intento de acallar voces críticas.

No hay razones técnicas que justifiquen poner límites a la creación de canales de cable, que no usan el espectro radioeléctrico. No hay ningún monopolio en el hecho de que un diario tenga un canal de noticias por cable. No hay ningún motivo para que el Gobierno, a través de un Comfer y de otras autoridades dominadas por el propio Gobierno, puedan jugar con las inversiones y poner en juego la seguridad jurídica de las empresas y de sus empleados. No tendremos mayor libertad de expresión si en lugar de tener medios privados, pasamos a tener más medios estatales y más medios en manos de supuestas cooperativas y asociaciones que, en rigor, al no contar con recursos genuinos serán dominadas por corporaciones filoestatales como los sindicatos.

Los militares, que sancionaron la vieja ley de radiodifusión (no es cierto que nunca se modificó, porque en rigor se fue modernizando sucesivamente) aplicaban el garrote como ley, es decir, las espadas y las balas. Mataban personas. Algunos presidentes democráticos aplican la ley del garrote: no matan personas, pero secuestran las palabras. Extraña parábola, para quienes, hace años, levantaban como bandera la defensa de los derechos humanos. La libertad de expresión es, precisamente, uno de los derechos humanos fundamentales.