El presidente del Congreso de los Diputados en España propone abrir un diálogo en el seno de la sociedad civil sobre un tema tan sensible como el del aborto, con una peculiaridad: que los interlocutores no se descalifiquen mutuamente desde el comienzo con etiquetas insultantes, sino que hagan el esfuerzo de pensar que a lo mejor el otro está expresando una convicción razonable, aunque yo no la comparta, y no una opinión irracional, malvada o simplemente interesada. El paso siguiente consistiría en intentar descubrir unos puntos de acuerdo, esos mínimos éticos que pueden permitirnos construir juntos la vida compartida.

Aceptar una propuesta semejante es de primera necesidad. No sólo en el asunto del aborto, sino en todos aquellos sobre los que no existe acuerdo y atañen a cuestiones de justicia. En una sociedad democrática, la validez de las leyes depende sin duda del Parlamento, pero no es menos cierto que, una vez desaparecida la legitimación divina del poder político, la única legitimidad racional de las leyes es la de una forma de gobierno que trate de identificar a los autores de las leyes con sus destinatarios, que plasme en la vida política la idea kantiana de libertad: “yo no puedo obedecer más leyes que aquellas a las que estaría dispuesto a dar mi consentimiento”.

No es buena cosa promulgar leyes contra las convicciones de gran parte de la población. Sobre todo cuando se trata de cuestiones de justicia, que en este caso afectan a la vida humana, se reconozca o no como vida personal, y al bienestar de un buen número de mujeres.
Para llevar a buen puerto un diálogo semejante, el primer paso consistiría en eliminar los obstáculos que lo condenan al fracaso desde el comienzo. No ayuda adjudicar al interlocutor, de entrada, una actitud perversa; pongamos por caso: “usted está a favor de una cultura de la muerte” o bien “usted está en contra de las mujeres”. Habrá excepciones, pero en su apabullante mayoría ni quienes están a favor de las leyes del aborto apuestan por una cultura de la muerte, ni quienes se oponen a ellas están en contra de las mujeres. Con insultos tan infundados, no vamos a ningún sitio.

Tampoco sirve de ayuda tachar unas posiciones de retrógradas y oscurantistas y, otras, de progres irresponsables, sin más preámbulos y sin más reflexión. Al fin y al cabo, para decir qué leyes son progresistas es preciso valorar cuáles favorecen en mayor medida la humanización de la vida compartida.
Eximir a los varones de responsabilidades es otro obstáculo. Es cierto que los varones tienen más fácil desaparecer y dejar a la mujer sola, pero precisamente por eso es urgente recordarles, como afirmaba Margarita Rivière, y cualquiera que tenga sentido común, que un embarazo es cosa de dos, y que ya va siendo hora de acabar con esa cultura machista que deja en manos de las mujeres, en solitario, tanto las decisiones como, sobre todo, las responsabilidades.
¿Qué mínimos éticos podríamos espigar en torno a los cuales podríamos ir descubriendo acuerdos?

Que el aborto es indeseable parece fuera de duda. Ninguna mujer desea tener que abortar, ninguna lo incluye como parte de un proyecto vital, es una decisión traumática ante la que nadie desea encontrarse. Por eso lo más urgente e importante es prevenir, educar para no llegar al embarazo no deseado, invertir esfuerzo, no sólo en educación sexual, sino también en una educación en proyectos valiosos, que no arrebate a los niños su infancia ni a los adultos su responsabilidad, compartida entre mujeres y varones. Y si una mujer llega a la decisión traumática de abortar, una sociedad civilizada no puede recurrir al castigo.
Regular la objeción de conciencia del personal sanitario que se niega a eliminar lo que considera una vida humana resulta indispensable para no llegar a un Estado totalitario, que obliga a los ciudadanos a actuar en contra de su conciencia. Y, por supuesto, es una obligación social impedir que las familias sientan como indeseables embarazos que recibirían con entusiasmo si no fuera por falta de medios.

Ciertamente, entablar un diálogo sereno no significa que los interlocutores no tengan convicciones ni tampoco dar por supuesto de forma estúpida que no hay desacuerdos. Pero si hemos de intentar que los autores de las leyes coincidan lo más posible con sus destinatarios, dialogar sin etiquetas en el seno de la sociedad civil y tratar de descubrir puntos comunes es de primera necesidad.

(*): Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

CCS