Si bien en Venezuela todo el mundo sabe que el CNE es una dependencia gubernativa desde el 2003, y el olímpico desprecio por el reglamento de campaña que practica y cacarea el oficialismo lo demuestra por enésima vez, también hay consenso político sobre la preferibilidad de participar en elecciones y referendos, razón por la cual es pertinente reiterar algunos aspectos estrechamente relacionados con el proceso comicial.

La usurpación de identidad es un método de fraude electoral de antigua data pero de ampliado proceder bajo la hegemonía bolivarista. Consiste en que alguien vota haciéndose pasar por usted, con todo y cédula falsa. No puede ser detectado por la auditoria posterior, y su aplicación ayuda a explicar las continuas prórrogas del horario de votación, aún y cuando no haya votantes en espera de sufragar.

A diferencia de otras épocas, ahora la usurpación de identidad tiene verdadera alfombra roja, porque el número de inscritos en el REP es casi igual que el número de venezolanos en edad de votar. Y ello es una anomalía en países donde la inscripción en el padrón electoral es voluntaria, en los que hay un porcentaje estimable de la población que no se inscribe por diversas razones.

Acá la Misión Identidad hizo de facto obligatorio el empadronamiento electoral, lo que significa que un porcentaje de los inscritos --de nuevo, estimable, no ha tenido, ni tiene, ni tendrá intenciones de votar, es decir se ha ampliado el campo útil para desarrollar operativos de usurpación de identidad, con bajísimo riesgo de detección por parte del usurpado.

Otro asunto clave, son los llamados "Centros Móviles", que en realidad son fijos pero transitorios o portátiles. Cerca de mil con cerca de un millón de electores. Ubicados sobre todo en áreas de invasiones urbanas y extra-urbanas en gran parte del país. Detrás de ellos hay dos justificaciones: una sociológica y otra política. La primera tiene que ver con asentamientos poblacionales de muy reciente fecha, en los que no hay, todavía, edificaciones estatales que puedan servir de centros de votación permanentes. La segunda es aprovechar la connotación política de las invasiones para tratar de darle una expresión electoral de tendencia roja. Factor este que ha debido de ser decisivo para Lucena y compañía.

Y desde el luego está el desafío de proveer testigos en las 36.773 mesas de votación. Un verdadero ejercito de activistas para cuya conformación vienen laborando los diferentes partidos y grupos que integran la MUD. También figura el tema de los "observadores internacionales", que el CNE prefiere denominar "acompañantes", pero que en el caso venezolano pierden eficacia, porque sólo vienen en víspera de la elección, cuando ya se han cometido todas las tropelías imaginables con el fin de condicionar los resultados.

No hay antídoto seguro para tanto veneno, pero mientras mayor sea la votación y la capacidad de monitorearla, más problemático se vuelve el objetivo oficial de torcer la voluntad popular.

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