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| De la debida contextualización |
| Escrito por Luis Barragán |
| Lunes, 06 de Septiembre de 2010 13:22 |
Absolutamente previsible, el gobierno nacional ha pretendido evadir su responsabilidad en la muerte de Franklin Brito. Igual ocurre con la de miles de venezolanos que tienen la calle por paredón, ocupado el Estado en otros menesteres que lo deslegitiman.
Sin embargo, en ese mundo de correspondencias que es el régimen, la triste noticia responde a los principios y valores que realiza, siendo tan enfermizamente beneficiario Hugo Chávez Frías.Por las características particulares de la sociedad venezolana, básicamente democrática en la mar de complejidades que desean reducir a las maniqueas e inmediatas circunstancias políticas, el terrorismo físico y psicológico de Estado es lo más indirecto posible. Hay una mínima estética de la legitimación que cuidan los gubernamentales, tomando por fondo las formas. Todo acontecimiento, por más ligero o brutal que sea, cuenta con un ya agotado discurso político que lo versiona como parte de una épica revolucionaria para olvido de la revolución misma y de las obligaciones conceptuales, doctrinarias o ideológicas que comporta. La pólvora mediática, propagandística y publicitaria, es tan importante como la asimétrica y dineraria, en el marco de la necropolítica que tiene ya por desesperado recurso la exhumación de los Bolívar. Presenciamos un fortísimo proceso de inducción a la resignación frente a las realidades padecidas, incluyendo iniciativas que avalan no sólo a la celebérrima consigna, sino a la propia cultura de la muerte que – definitivamente – dice imponerse tras una década inimaginable de violencia revanchista. No por mera casualidad, incluso, exhibiendo una asombrosa devoción por el mandatario nacional que los autoriza, desde las temerosas puertas de Miraflores despiertan los lentes de los fotógrafos, acaso alertados los francotiradores, para dibujar la autoflagelación a la que han llegado numerosas personas que – impotentes – protestan por sus más elementales y desconocidos derechos, previstos en la vigente Constitución de la República. |