A la nueva Asamblea le toca debatir y decidir lo que debe ser revelado por los políticos y lo que debe ser de dominio público. Las leyes pueden hacer énfasis también en la revelación de las fuentes de ingresos de los políticos

Mucho discurso sobre participación popular y democratización, y poca voluntad para lograrlas. La sentencia de la sala Constitucional del 15 de julio, donde se declara improcedente la acción de amparo Constitucional interpuesta por la representante de la Asociación Civil Espacio Público, sobre la negativa de la Contraloría de revelar el sueldo del Contralor, y su carácter vinculante a otras esferas públicas, dificulta la participación popular en el control de la corrupción al limitar la información que puede ser de domino público.

Me pareció interesante reseñar un trabajo de investigación elaborado por Djankov, La Porta, López de Silanes y Shleifer (2010) titulado Disclousure by Politicians  donde construyen una base de datos para 175 países en la que colectan las prácticas de revelación de información de los políticos, especialmente, de los miembros de los parlamentos. Consiguieron que aunque dos tercios de los países tienen leyes sobre revelación de información financiera de los políticos y funcionarios públicos, menos de un tercio establece en sus leyes que esa información sea de dominio público, y menos de un sexto proporciona información realmente útil para el control de la corrupción.

En nuestro ordenamiento jurídico existen leyes que pueden facilitar al público el descubrimiento de actividades de corrupción, y que podrían generar incentivos para que los funcionarios no se aprovechen de su posición para desviar recursos públicos para uso personal. Sin embargo, parece que la interpretación de la Constitución y otras leyes de algunos jueces entran un poco en conflicto con la intención del legislador y de la voluntad popular.

En la literatura académica existe un debate sobre lo que debe ser revelado y publicado. En algunos países las leyes establecen que los funcionarios deben revelar información financiera personal, pero no necesariamente las leyes establecen que esa información debe hacerse pública. ¿Por qué? La privacidad protege a los políticos, sobre todo a los políticos millonarios, de la prensa amarillista, del robo y del secuestro. Pero la revelación de información financiera de los políticos protege a los ciudadanos de la desviación de fondos públicos para enriquecimiento ilícito.

Djankov y colaboradores (2010), consiguieron establecer que la revelación de información está relacionada con bajos niveles de corrupción en países democráticos, y que aunque la privacidad de los políticos puede tener “beneficios”, habría que pagarlos con mayores niveles de corrupción. La privacidad no es gratis. (Les anexo el link donde pueden ver una presentación de ese trabajo http://bit.ly/dqdhQr).

La sociedad civil, con ayuda de los medios de comunicación independientes, deberían tener el derecho de acceder a información que les permita hacer un control de la corrupción. Las fuente de descubrimiento y diseminación de información son importantes para los electores, así como para que las instituciones del Estado que tienen entre sus funciones  hacer cumplir las leyes que buscan controlar y eliminar la corrupción.

A la nueva Asamblea le toca debatir y decidir lo que debe ser revelado por los políticos y lo que debe ser de dominio público. Las leyes pueden hacer énfasis también en la revelación de las fuentes de ingresos de los políticos y sus conexiones con el mundo de los negocios (industria y comercio), para persuadir a los políticos que apoyen legislaciones que los beneficien personalmente y no a todos los venezolanos.

Así, si de verdad queremos transitar por caminos de participación popular y democratización debemos conseguir a representantes legislativos y judiciales que sepan planchar, a ver si empezamos a desarrugar a Venezuela.  

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