Es una determinante siniestra, inherente a cualquier gobierno autoritario, controlar y coartar la libertad de expresión. Es una especie de destino manifiesto del cual no pueden evadirse, que deja una huella amarga en todos aquellos gobernantes que, transidos de poder, pretenden por medio de la violencia y artimañas, ocultar la verdad, para mantenerse cualquier costo. La persecución y la restricción de la información conforman la cruel y degradante ecuación de la violación de los derechos humanos más elementales del despotismo. Lo ocurrido recientemente con los diarios EL NACIONAL y Tal Cual apunta en esa dirección. Va directo al blanco. En este caso, un juez, revestido de cancerbero de la revolución, viola flagrantemente el artículo 337 de la Constitución de 1999, cuando se atribuye facultades que no le corresponden y aplica la censura previa (cuestionada en todas las convenciones internacionales), a los efectos de intentar encubrir el aumento exponencial de la criminalidad en el país; convertida en tragedia para la familia venezolana, que ve morir impunemente, a manos del hampa, a sus seres más queridos, sin que autoridad alguna haga algo. Antes la censura era con "censores" apostados en los medios, que tachaban lo que, a su juicio, no debía salir en los periódicos y en la televisión. Ahora los custodios están en el Poder Judicial. En tiempos de Pérez Jiménez, Vitelio Reyes, especie de ministro de la censura, establecía, desde algún lúgubre rincón de la inequidad, lo que podía o no publicarse. Era este funcionario quien decidía los que los pocos diarios y revistas que existían podían dar a conocer. Vistas las cosas así, el tirano Pérez Jiménez era el dueño y señor de lo divulgado en los medios de comunicación. El dictador tuvo la audacia, mezclada con estupidez, de confesar a la revista Time (febrero de 1955): "A ningún periodista se le dice lo que debe escribir, pero se le prohíbe escribir lo que en nuestra opinión pueda ser malo para la moral o el progreso del país". Ciertamente, sobran las palabras...

Durante la dictadura funcionaron la Junta de Censura y luego Comisión de Examen de Prensa. Por cierto, Pérez Jiménez, arreció su arremetida contra los medios cuando su régimen estaba herido de muerte. El plebiscito (sobre su permanencia en la primera magistratura) que pretendió imponer, quebrantando la carta magna, que la junta militar había hecho a su medida, fue el punto de inflexión determinante. Ahora, Chávez apela al Cesna. El artículo 9 del decreto de creación de ese organismo reza textualmente: "El Presidente o Presidenta del Centro de Estudio Situacional de la Nación podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro de Estudio Situacional de la Nación". O sea, sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela pende una espada de Damocles, que podría ser utilizada en cualquier momento dependiendo de las circunstancias y el culillo revolucionario, ante una coyuntura electoral adversa. El fantasma de Vitelio Reyes ­con su lápiz rojo­ sigue rondando Miraflores...

PD: Vayan nuestras palabras de condolencia y solidaridad a la familia de Franklin Brito. Murió víctima de un poder prepotente, insensible, sin el menor respeto por la vida.

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El Nacional/OyN