El debate sobre la administración pública venezolana, ha sido siempre polémico. No obstante en los últimos años se ha agudizado a consecuencia de ingentes precariedades que se han soterrado. Aunque otras, se han acumulado generando una situación aún peor. El entorno político bajo el cual opera ésta, se tornó profundamente conflictivo en virtud de las múltiples dificultades que han encubierto y entorpecido su movilidad. Las distintas consideraciones que determinan esta tesis, son todas controversiales. Desde la evolución histórica que ha caracterizado el devenir de la administración estatal, hasta la propia condición de la gerencia pública, son expresiones de una crisis de la concepción de Estado que se magnificó como resultado de decisiones equivocadas asumidas como instancias de un modelo político de gobierno que no supo interpretarse en términos de los principios de justicia social y de los postulados democráticos que, de alguna forma, cimentaron preceptos constitucionales no sólo de la Carta Magna aprobada en 1961. Más grave aún, de la Constitución sancionada en 1999.

El populismo dominante desde los tiempos en que pudo radicarse un sistema político de cimentación democrática, luego de 1958, nunca pudo dirimir las diferencias entre las responsabilidades de la gerencia pública y el clientelismo entendido como praxis política que permite hondas desviaciones del presupuesto que apalanca el funcionamiento de la administración gubernamental. Ello devino en la figura de un gerente público atado de manos y brazos. Incapaz de inducir condiciones que facilitaran su acción. Aun cuando, en medio de tan contrariada situación política que, ciertamente, arropó buena parte del período amparado por la Constitución de 1961, hubo realmente destacados profesionales que dejaron ver su temple de gerentes públicos comprometidos con la institucionalidad del Estado venezolano y sus alcances.

Sin embargo, la inmoralidad de un gobierno que ha pretendido traspasar fronteras legales a través de normas aprobadas en el plano de una genuflexión desatada como recurso de adulancia hacia la persona del presidente de la República, justamente por la falta de escrúpulos en quienes ostentan funciones públicas en el alto gobierno, intensificó la crisis del Estado. Particularmente, por cuanto las medidas adoptadas condujeron a la exacerbación del ya cabalgado agotamiento del modelo de desarrollo antes asumido lo cual, sin duda, incidió no sólo en el enardecimiento de una economía fiscal basada en un tipo de acumulación retrospectivo, sin autonomía real para adecuarse a las coyunturas financieras internacionales. Igualmente, porque puso en evidencia un arcaico modelo de dominación basado en una absurda lógica que plantea la relación desigual y déspota entre las coacción representada por fuerzas militares con ínfulas de dominio, y la civilidad que reposa en el complejo entramado social nacional.

Entonces, ante lo que ha significado una gestión gubernamental extraviada entre los estragos de una incertidumbre mal definida y problemas mal estructurados, ¿dónde quedó la capacidad de gobernar basada en el desarrollo de un Estado afincado en el fortalecimiento manifiesto de la democracia? Más exactamente habrá entonces que preguntarse: ¿dónde quedó la gerencia pública?